Si este caso lo hubiera imaginado Cástor Vispo, escritor español, autor de los guiones de la serie radiofónica cubana “La Tremenda Corte”, lo hubiera intitulado: “el cadavericidio”.
Los ingredientes están ahí. Es una tragicomedia, en la que se intercalan situaciones comunes en nuestra sociedad: El centro hospitalario que, para evitar engorroso papeleo, decide expulsar de sus instalaciones el cuerpo sin vida de alguien que fue embestido por un vehículo, cuando viajaba en su motocicleta; los peritos de la Fiscalía, que tardan horas en llegar hasta donde fue arrojado el cadáver (no muy lejos, ahí, frente al hospital que no lo quiso recibir “porque ya llegó muerto”), y –por supuesto- una familia desesperada porque ya quieren disponer de los restos de su pariente “para velarlo como corresponde y darle cristiana sepultura”.
Pero esto no sucedió en La Habana (como en la serie que protagonizaban El Juez y Tres Patines) sino muy cerca de Xalapa, apenas a 40 kilómetros, en el municipio de Alto Lucero.
Y en medio de todo esto, la intervención del diputado local Éric Iván Aguilar López, aquel que llegó a rendir protesta como legislador acompañado de un mariachi y que se ha caracterizado por su actitud despreocupada, su escasa atención a los protocolos y su cercanía con los ciudadanos que lo llevaron al Poder Legislativo.
Éric Aguilar deberá acudir este martes ante la Comisión Instructora del Congreso local para alegar lo que a su juicio convenga, respecto a la solicitud de juicio de procedencia que hiciera en su contra la Fiscalía especializada en combate a la corrupción.
Se sabe por algunas filtraciones, que la razón de este proceso en contra del diputado es que se le inició una carpeta de investigación por su presunta responsabilidad en los delitos de desobediencia civil (en realidad se deben referir al Artículo 329 del Código Penal del Estado, que trata del delito de “desobediencia y resistencia de particulares”, que se considera para quien, entre otras razones, desobedezca un mandato legítimo de autoridad, no acate una medida precautoria dictada por el Ministerio Público o a quien impida que la autoridad ejerza sus funciones) y el de ejercicio indebido del servicio público (Artículo 315, para quien “ejerza atribuciones que correspondan a un empleo, cargo o comisión del servicio público, distinto para el que fue designado o elegido”).
Se supone (pues con el argumento de “cuidar el debido proceso”, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el Congreso local han dado una versión oficial de las imputaciones al diputado) que Éric Aguilar “autorizó” u “ordenó” a los familiares de la víctima que se llevaran el cuerpo, que para cuando fue retirado tenía no menos de cinco horas en la calle.
El sentido común sugeriría que se están derrochando recursos y tiempo en la persecución de un delito menor, y han dejado de atender el principal, que es el homicidio culposo cometido por quien embistió con su camioneta a dos personas que viajaban en una motocicleta y que se dio a la fuga.
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