En las pasadas elecciones del 2018 cuando los mexicanos votaron por un cambio en el país, el ofrecimiento de abatir la corrupción fue quizá el que mayor número de votos le dio al hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el posterior discurso de AMLO de no ir contra expresidentes ni barrer para atrás fue como un balde de agua fría para los que, hartos de la corrupción, exigían cárcel para los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada y Salinas de Gortari, principalmente. Lo anterior, ha generado que muchos hayan especulado incluso la existencia de un Pacto secreto entre AMLO y Peña Nieto.

En una reciente encuesta realizada por El Universal, por primera vez durante la gestión de AMLO, el 48.3% de la población desaprueba la manera en cómo está manejando la política de combate a la corrupción.

La defensa a ultranza de su Director General de la CFE, Manuel Bartlett, acusado de corrupción, y el soslayar las investigaciones periodistas que señalan a su Jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo, no le han abonado nada a la popularidad del Presidente.

Y es que además, su principal bandera política hace agua, al señalársele al Presidente AMLO  que su Gobierno también tiene personajes corruptos y solapa su propia corrupción interna y nueva.

Una investigación de Quinto Elemento Lap publicada el pasado 2 de marzo en la Revista Proceso, afirma que en la administración de AMLO se han creado 171 empresas nuevas de personas afines a la 4T a las que de inmediato se les asignaron 561 contratos por 366 millones de pesos sin licitación… la mayoría de ellas en 92 oficinas del Gobierno Federal. Es decir, en la 4T no se está predicando con el ejemplo. Aquí en Veracruz el Gobernador (también de la 4T), Cuitláhuac García Jiménez, cesó a su directora general del DIF luego de que había trascendido un mal uso de 450 millones de pesos, sin embargo, el gobernador la dejó sana y salva. No se sabe de alguna denuncia formal, -hasta la fecha-, en contra de Verónica Aguilera Tapia. Es decir, si desvió recursos y si ese fue el motivo del cese, no es lo apegado a la Ley ni lo que indicarían los votantes.

No faltan las voces que creen aún en AMLO, aunque su popularidad haya caído casi 20 puntos en los últimos meses ya que comparada con los niveles con los que gobernó Peña Nieto es aún muy alta.  

Pero no faltan los que opinan que AMLO debe dar un manotazo urgente y espectacular sobre la mesa e ir ya por los expresidentes y sus principales excolaboradores como Luis Videgaray, el propio Pepe Meade. Miguel Ángel Osorio Chong, y otro caso espectacular sería llevar a juicio a Angélica Rivera por aquello de la Casita Blanca. Eso sería más efectivo que las cantaletas de culpar de todo lo malo a los conservadores.

Y es que de querer, AMLO tiene la mesa puesta.

La misma encuesta de El Universal arroja datos definitivos que indican que la población respaldaría una decisión así del Presidente ya que el 94.4% de las personas encuestadas piensan que el actual gobierno debería llevar a juicio a funcionarios de gobiernos anteriores o del actual que cometan ilícitos.

Por lo que Cuitláhuac García debería echarle también un ojo a esa Encuesta y entender que no debió dejar ir así como así a la señora Verónica que recién cesó del DIF estatal.

¿Será que teme que la señora hable y embarre a quienes operaron las transas en el DIF con su consentimiento, como se empieza a manejar en los cafés?

Un dato que podría animar a AMLO cómo y con quién empezar la cacería, también lo señala la encuesta de El Universal. Enrique Peña Nieto es visto por el 84.8% de los encuestados, como el mayor de todos los expresidentes corruptos del país. Le siguen Carlos Salinas de Gortari con el 80.3% y Felipe Calderón con el 65.9%. Sin embargo, a Calderón, además, se le podría juzgar por permitir que el crimen organizado se infiltrara en su gobierno como según se ventila en el juicio que en Estados Unidos se le sigue a quien fuera su titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Y por si las encuestas fueran poco, ahí están en su mano las investigaciones de las que habló el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, que si bien no dio nombres… ellos saben de quien hablan. Son 977 empresas –entre ellas 300 grandototas- que son investigadas por defraudación al fisco por más de 321 mil millones de pesos anuales a través de 4 modalidades: el uso de empresas fachada, facturación apócrifa, outsourcing y la defraudación al Seguro Social.

Es decir AMLO tiene la mesa servida, solo es cuestión de que quiera.

@frlicona