Pese a que entre gran parte de la población no hay confianza en el gobierno en el tema del Coronavirus, éste no pone de su parte y sencillamente se niega a abrirse a la cooperación de la iniciativa privada. 

El gobierno quiere acaparar la atención del COVID-19, quizá, para poder manejar los números a su antojo. Allí es dónde nace el escepticismo y la desconfianza. 

Y es que aquí en Veracruz son pocos los que se explican el por qué la Secretaría de Educación decidió suspender clases desde hoy, tan solo en la zona cercana a Veracruz Puerto. Tal vez la respuesta esté en que allí, coincidentemente, se habla de que existe un caso confirmado de COVID-19, detectado en un hospital privado. La reacción del Gobierno suena raro; las medidas suenan raras; todo huele raro.  

La declaración del Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, es por demás indignante: “No están autorizados por esta Secretaría, ni estatal ni federal, ningún laboratorio privado, ninguna institución privada porque generaría una situación de anarquía en la información”. 

¡Caray! La misma Secretaría de Salud federal ha aceptado que no tienen capacidad técnica ni económica para realizar las pruebas de laboratorio a todos los pacientes sospechosos, y niegan la participación privada para evitar la “anarquía” de la información. Vaya ultraje de estos tipos que se ostentan como cuidadores de la salud en el gobierno. 

Una prueba le cuesta al Sector Salud aproximadamente 2,300 pesos, y la paga el gobierno; una prueba en un hospital privada cuesta entre 5 y 6 mil pesos, pero la paga el enfermo. Entonces, si no le cuesta al gobierno, ¿Por qué resistirse a aceptar los resultados privados? Son pocas las opciones: quieren ocultar la información, quieren manejar los números a su antojo, quieren minimizar la crisis, quieren lucrar políticamente con la pandemia; o a menos que en verdad estén preocupados por la “anarquía” en la información.