Apenas el 4 de febrero de este año, en este mismo espacio, se dio a conocer la denuncia que sería presentada contra la magistrada Graciela Patricia Berlín Mendoza, por haber incurrido en conflicto de intereses, cuando aprobó –el 6 de diciembre del 2019- un laudo emitido dentro del Juicio Laboral 269/2017-V, a pesar de que dentro de dicho expediente se encuentra señalado como representante legal del Consejo de la Judicatura, su hermano, Mario Berlín Mendoza.

En aquella denuncia también fue señalada la participación de Hilda Betzabé Sánchez Aguilar, ahora proyectista de la propia magistrada, pero quien ocupaba el cargo de Jefa del Departamento Consultivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos y aparece en el instrumento público en el que el anterior Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, le otorga poder general para pleitos y cobranzas.

El asunto no ha caminado, al parecer por la intervención de personajes de muy alto nivel en el Poder Judicial de Veracruz, por lo que ahora la parte agraviada dará un paso más, mucho más ambicioso.

Ha trascendido que en semanas recientes un grupo de abogados se trasladó a la Ciudad de México, con el fin de formalizar, en la Cámara de Diputados, una demanda de juicio político en contra de la magistrada Graciela Patricia Berlín Mendoza, para que se le impongan las sanciones indicadas en el Articulo 110 de la Constitución federal, a través de una resolución declarativa que habrá de comunicarse a la Legislatura local para que actúe en el ejercicio de sus atribuciones.

Las sanciones que contempla ese mandamiento de la Carta Magna, son la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Este recurso jurídico, que apenas la semana pasada se utilizó en contra de quien fuera secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, irá respaldado con la queja número 03/2020, del índice de la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia así como con la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Veracruz.

La decisión de los abogados de hacer el trámite de Juicio Político ante el Congreso federal, obedece a la inactividad que ha mostrado el Congreso de Veracruz en otras demandas del mismo tipo que fueran presentadas en contra de servidores públicos de la anterior administración y que siguen en la “congeladora”.

Y no sólo eso. En la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, la persona que recibió la queja en contra de Berlín Mendoza es Rosa Laura Altamirano Castañeda, esposa de Armando Pacheco del Valle, quien es el Asesor Jurídico del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lugar al que se encuentra adscrita la magistrada Patricia Berlín y que suple al magistrado Fernando Arturo Charleston Salinas en sus funciones como Presidente del Tribunal laboral.

Esos son los obstáculos que los abogados han encontrado en el juicio contra la magistrada, pero han demostrado que están dispuestos agotar todas las instancias legales para que se haga justicia.

Complicado, luce el panorama de la novicia magistrada.

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