Una investigación de la Función Pública muestra cómo Baldemar Pérez Ríos, que venderá al Seguro Social 93 millones de dólares en respiradores, tejió hace dos décadas un red de compañías que simulaban competencia y sobornaban funcionarios. 

Baldemar Pérez Ríos, el proveedor que en marzo vendió al IMSS 2,500 ventiladores en 93 millones de dólares, fue investigado por la Función Pública por tejer una red de 30 “empresas fantasma” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010. 

Detalles hasta ahora inéditos de una investigación de la Secretaría de la Función Pública dan cuenta del modus operandi del nuevo contratista del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según testimonios de excolaboradores de Pérez Ríos (que aparece en documentos oficiales indistintamente como Valdemar o Baldemar), este empresario radicado en Houston lo mismo sobornaba a funcionarios de la petrolera, que dañaba intencionalmente el equipo que importaba para pagar menos impuestos. En esas declaraciones, incluidas en expedientes oficiales, se habla también de falsificación de documentos e incumplimiento de los términos de contratos que el empresario tenía con Petroquímica Morelos, una filial de Pemex.

Las pesquisas sobre la manera de operar de Pérez Ríos ocurrieron a lo largo de la primera década de este siglo. Para 2007, el órgano interno de control de Pemex en la región Coatzacoalcos ya había detectado una serie de empresas relacionadas entre sí, ya sea por socios y por representantes legales, mediante los cuales Baldemar obtuvo millonarios contratos con la paraestatal. 

Las empresas formaban parte de un esquema donde participaban en las mismas licitaciones para, presuntamente, provocar un sobreprecio de los productos que la paraestatal compraría.

Las compañías de esta red se constituyeron entre 1998 y 2003, los accionistas eran trabajadores cercanos a Baldemar Pérez Ríos, según testificaron algunos de esos empleados, y tenían la función de participar en las licitaciones y simular competencia.

Las investigaciones de la entonces Secretaría de la Función Pública derivaron en la inhabilitación en 2010 en la empresa Centex, pero no impuso penas a los accionistas. 

También la empresa Projects and Industrial Products, detectada en la red por el órgano interno de control, fue requerida en enero de 2010 a pagar 46 mil 219 dólares por incumplir con un contrato. Estas sanciones ya habían sido publicadas por MCCI el 8 de abril, pero ahora se aportan detalles sobre la investigación de la que derivó esa sanción. 

Puedes revisar la investigación completa al dar clic aquí.

Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/proveedor-ventiladores-imss-covid-19-empresa-fantasma/

(Por Miriam Castillo)