En días pasados el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue duro contra los empresarios. Sobre todo contra un selecto grupo de empresarios que deben al SAT alrededor de 50 mil millones de pesos. 

Al respecto, López Obrador dijo que se actuaría incluso penalmente, pues en algunos casos se configuraba el delito de fraude fiscal… y sí, la Ley no puede pisotearse impunemente. 

En concordancia con lo anterior, ¿Merecerían alguna sanción los diputados de Baja California que aprobaron lo que resultó inconstitucional? 

Los diputados por desconocimiento se pueden equivocar, sin embargo, lo que señaló el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, al declarar inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, no debería quedar en el olvido. 

Saldívar aseguró que lo que habían hecho los diputados era un “fraude constitucional”… ¡Así! ¡Con esas palabras! 

Si a las empresas que cometieron fraude fiscal se les debe aplicar el peso de la Ley, qué se debe hacer con los diputados que cometieron “fraude constitucional”, algo a todas luces aún más delicado. 

Los diputados de Baja California que se prestaron al juego y a sabiendas quisieron pisotear la Constitución deberían, por lo menos, ser objeto de un juicio político y destituidos. Si se prestaron a un fraude anticonstitucional en algo que a ojos visto de la inmensa mayoría de los mexicanos era violatorio, ¿Se imaginan lo que harán de la Constitución Local en lo oscurito? 

Cuando menos desde el año pasado hay una solicitud en la Cámara de Diputados, realizada por diputados federales del PRD, para que se realice un Juicio Político contra los 21 diputados locales que aprobaron le violatoria Ley Bonilla. Ahora que la SCJN ya dijo que es inconstitucional, ¿Defenderán los diputados federales de MORENA a los diputados locales? ¿O pueden seguir diciendo que "no hay elementos"?  

Esos diputados son una vergüenza para la nación y se debe exigir un castigo ejemplar. ¡Ya basta!