Mientras otros países han destinado hasta el 32% de su PIB a medidas para enfrentar la crisis económica causada por el Covid-19, el gobierno de México sólo ha destinado 0.4%. Además, rehúye a otorgar estímulos fiscales y antagoniza con el sector privado.

En los últimos dos meses han desaparecido 685 000 empleos formales y BANCO DE MÉXICO estima que esta cifra puede llegar hasta 1.4 millones para el fin de 2020. Al mismo tiempo, hay 16 estados con tendencia al alza en contagios y 17 con nivel de alerta alta máxima. Ante este panorama, ¿cómo se sostendrá el regreso a la “nueva normalidad”?

Frente a la peor crisis económica del siglo, causada en primera instancia por el Covid-19 pero exacerbada por frágiles programas de soporte económico, se presentó el plan para regresar a la “nueva normalidad”. El panorama no es amigable: México ya superó en número de muertes a China, el país origen del virus, y está entre los ocho países con más defunciones reportadas. Se sabe, también, que entre marzo y abril se perdieron más de 685 000 empleos, equivalente al doble de los que fueron creados el año pasado. No sólo eso, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2020 fue de -1.6% y durante este periodo han salido del país 206,743 millones de pesos, aunado a que la confianza empresarial ha caído casi diez puntos situándose muy cerca del nivel que existía durante la crisis de 2008.

¿En qué consiste el plan para la nueva normalidad?

Entre errores de publicación en el Diario Oficial de la Federación y una posible crisis del federalismo, el 13 de mayo se anunció EL PLAN DE REGRESO A LA “NUEVA NORMALIDAD”. La propuesta consiste en retomar actividades desde el 18 de mayo en los 323 municipios que no tienen casos de contagio, los llamados “municipios de la esperanza” de los cuales la mayoría se encuentran en Oaxaca y en zonas rurales. Para el resto del país se presentó un semáforo de cuatro colores que indica qué actividades podrán ser retomadas a partir del primero de junio. Para esa fecha, las industrias de construcción, minería y fabricación de equipo de transporte —reconsideradas como esenciales— deberán presentar un acuerdo de buena voluntad, protocolos sanitarios y contestar un cuestionario de 60 preguntas para retomar actividades.  

La coordinación entre el gobierno federal y los estatales ha tenido varios tropiezos a lo largo de la pandemia. Esto a raíz de la falta de recursos financieros y la carencia de insumos básicos para atender a los contagiados. También ha generado conflicto el coincidir con las fechas para retomar actividades económicas y educativas. Los gobernadores argumentan disparidad en la repartición de recursos y redistribución fiscal. Incluso, algunos han acusado una visión centralista por parte del presidente que no escucha a las necesidades de los estados. 

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(Por Rosa Castañeda)