A Sofía Martínez Huerta la engañaron. 

Alguien le dijo a la magistrada presidenta (no dudo que haya sido su “comadre” Guadalupe Argüelles, hoy exsecretaria del Trabajo, quien intentó imponer a su propia hija en una alta posición dentro de su equipo de trabajo) que el Poder Judicial del Estado (PJE) era suyo y que podía hacer desde su posición lo que quisiera.

La tarde del miércoles se enteró de que eso no es así, que se le brindó una de las más importantes oportunidades que tiene un abogado veracruzano: dirigir al organismo que se encarga de impartir justicia, pero que debe hacerlo con responsabilidad y vocación de servicio, dos requisitos que ella ha pasado por alto.

La tarde del miércoles, el Consejo de la Judicatura acordó remover a funcionarios del Poder Judicial que habían sido impuestos por la magistrada presidenta y que no habían ofrecido un desempeño óptimo.

Uno de estos cambios, sin embargo, provocó especial disgusto a la magistrada Sofía Martínez: la remoción de la Secretaria de Acuerdos del propio Consejo de la Judicatura, Mayra Angélica Martínez Juárez, casualmente su nuera.

Apenas ha estado ocho meses al frente del Tribunal Superior de Justicia, pero la voracidad de Sofía Martínez fue creciendo de manera exponencial, colocando a familiares y amigos en posiciónes estratégicas, con la finalidad de construir el escenario para alcanzar su más anhelado objetivo: mantenerse al frente del Poder Judicial hasta cumplir los 75 años de edad, esto es, cumplir sus tres años como Presidenta y reelegirse por tres años más (ella actualmente tiene 69 años de edad).

No es sólo eso. Mantenerse en ese cargo le permitiría, además, gozar de una jugosa “pensión complementaria”, que corresponde al 70% del total de las percepciones que reciba un magistrado en activo, con el beneficio adicional de que a su fallecimiento esa pensión se traslada al cónyuge.

Pero Sofía Martínez pasó por alto un detalle de fundamental importancia: Ella llegó al cargo gracias a la propuesta que presentó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, al Congreso local, y gracias –además- a los buenos oficios del Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Juan Javier Gómez Cazarín, quien consiguió que su nombre fuera respaldado por dos terceras partes del Pleno legislativo.

Y en política esos “olvidos” se pagan caro.

Una vez más el gobernador recurrió a su “operador estrella”, Juan Javier Gómez Cazarín, para conseguir que, apegados a derecho, se pusiera orden en la operación del Poder Judicial del Estado.

Y la instrucción fue atendida puntualmente.

¿Intromisión a un Poder autónomo?

Por supuesto que no. 

El Artículo 62 de la Constitución local establece que el Consejo de la Judicatura “nombrará y removerá, con excepción de los magistrados, a los jueces, defensores de oficio y demás servidores públicos del Poder Judicial”, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial plasma, en su Artículo 101, que “las resoluciones del Consejo de la Judicatura se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los consejeros presentes y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad”.

Esto es, que el voto de la magistrada presidenta es uno más en el Pleno del Consejo y sólo se convierte en “voto de calidad” en caso de un empate, lo que no sucedió el pasado miércoles.

Resulta que el Consejo de la Judicatura es integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (en este caso la propia Sofía Martínez), dos magistrados, un consejero propuesto por el Gobernador y uno más designado por el Congreso.

La operación de Gómez Cazarín se dio a través del Consejero propuesto por el Poder Legislativo, Humberto Oliverio Hernández Reducindo. Entre ambos fueron construyendo los consensos para alcanzar la mayoría de votos en el Consejo de la Judicatura y así desbaratar la estructura de nepotismo y corrupción que había construido Sofía Martínez.

Los acuerdos aprobados incluyeron la remoción Mayra Angélica Martínez Juárez, nombrada por su suegra (Sofía Martínez) como Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura. También fueron removidos el Director de Administración, Hernán García Sobrevilla, y la Subdirectora de Recursos Humanos, Rosa María Jiménez Abud, a través de quienes se operaban los turbios manejos que ordenaba la magistrada presidenta.

Una vez más Cuitláhuac García recibió la llamada que esperaba de su más leal colaborador, Juan Javier Gómez Cazarín:

- Misión cumplida, señor Gobernador.

filivargas@gmail.com