Cuando Ricardo Ahued anunció su salida de la Dirección General de Aduanas (cargo al que había sido invitado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre destacó en él su honradez) además del consabido discurso del “cierre de un ciclo”, también mencionó cuáles serían los temas en los que tendría que poner especial atención el gobierno federal.

“Hay mucho por hacer, se tienen que seguir estableciendo las reglas para que el comercio exterior cumpla con el control de las mercancías, el pago de impuestos, abatir el tema de la corrupción. Los que vengan tendrán que luchar con el mismo asunto”, comentó en aquella ocasión para la agencia de noticias Notimex.

Desde el fin de semana ha corrido fuerte la versión (que no fue desmentida, pero tampoco confirmada, por el Presidente en su conferencia del lunes por la mañana) del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

Dos habrían sido las razones que, según expertos, habrían motivado la renuncia de este alto funcionario del gobierno federal.

La primera de ellas se vincula con la reciente llegada a México, en calidad de “testigo protegido” del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. 

Hay quienes sugieren que con la información que entregue este personaje, no tardará en confirmarse la vinculación de la esposa de Jiménez Espriu –Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar- con el consorcio Braskem-Idesa, que fue creado en 2010, con la finalidad de operar el complejo Etileno XXI ubicado en Nanchital. El 75 por ciento de esa empresa corresponde a Braskem y el 25 por ciento a Idesa, de la que la familia de la esposa del secretario de Comunicaciones es propietaria.

Pero hay otra explicación para esta inminente salida.

Cuentan que en el mes de enero Javier Jiménez Espriú se reunió con Andrés Manuel López Obrador, pues el titular de la SCT sentía que estaba perdiendo la batalla con el almirante José Rafael Ojeda.

El secretario de la Marina ya tenía el apoyo de un sector de la 4T para quitarle a Jiménez la operación de los puertos con el argumento de que los civiles no podían con las mafias que introducían drogas.

“Tan adelantado estaba en su cabildeo que Mario Delgado, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, ya tenía lista la iniciativa de ley para concretar la reforma”, cuenta el analista Darío Celis en su colaboración para El Financiero.

“Ese día Jiménez Espriú le explicó con peras y manzanas a AMLO los riesgos que para las operaciones de comercio exterior implicaba militarizar los puertos. El tabasqueño agradeció la alocución del ingeniero e instruyó a su consejero jurídico detener la iniciativa. Julio Scherer llamó a Delgado y todo quedó suspendido y aparentemente cancelado”.

Pero no por mucho tiempo: el pasado viernes en Manzanillo, sorpresivamente, López Obrador anunció la entrada de la Marina a administrar los puertos.

Cuestionado al respecto, la mañana del lunes, el presidente se limitó a responder:

“No tengo todavía una información certera sobre esta posible renuncia. Voy a tener una reunión -creo que hoy o mañana- con el ingeniero Javier Jiménez Espriú, al que respeto mucho, y vamos a platicar, a conversar”.

Pero en esa misma conferencia, López Obrador dio más detalles sobre ese tema:

“Necesitamos poner orden, como lo estamos haciendo, en todas las aduanas, en las terrestres, en las marinas, en los recintos portuarios para que se controle el contrabando de mercancías y sobre todo la introducción de droga (…) Entonces, ¿qué necesitamos? Controlar los puertos y qué mejor que la Secretaría de Marina para este propósito. Entonces, es todo un reordenamiento”.

La decisión ya está tomada y seguramente mucha de la información que analizó el Presidente fue aportada por Ricardo Ahued Bardahuil.

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