El 23 de abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Dicho documento indica en su inciso III que “se extenderá hasta el 1o de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus”. 

Además, establece en el inciso IV que “Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquéllas que son esenciales para el bienestar del pueblo. En este periodo, se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros”. 

Además, se establece que “Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos”. 

Sin embargo, según ha trascendido en los pasillos de la Administración Pública Federal, en breve se publicará un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se establecerá que será hasta el 1 de octubre cuando se regrese a laborar en la APF y, por cierto, el personal sindicalizado no estará incluido en dicho regreso a laborar.