Si pensaban que las acciones en contra de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Sofía Martínez Huerta, habían concluido, están muy equivocados.

Los operadores de Morena están demostrando que cuando se les hace una encomienda, no se detienen hasta declararla totalmente cumplida.

Ese es el caso del Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, quien además de retirarle a la titular del Poder Judicial posiciones estratégica en el Consejo de la Judicatura, ahora impulsa una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial que prácticamente dejan a la Presidenta en calidad de florero, o sea, de adorno.

A través del diputado Raymundo Andrade Rivera, este martes fue presentada una Iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de eliminar –argumenta el texto- “cualquier vacío legal o falta de supuesto normativo que pudiera generar parálisis funcional, contribuyendo a fortalecer al pleno del Tribunal y al Consejo de la Judicatura, para que las actuaciones fluyan de mayor y mejor forma”.

La propuesta incluye que tanto en las sesiones del Tribunal como del Consejo de la Judicatura sólo se requiera la presencia de tres integrantes, “cuya mayoría será suficiente para la legalidad de sus acuerdos”, con lo que eliminan de la Ley la obligación de que la presidenta deba estar presente.

Otra novedad en esta iniciativa es la aparición de la figura de “Vicepresidente”, posición que ocuparía cualquiera de los presentes en las sesiones, en caso de ausencia de la Presidenta.

Mientras tanto, el gobernador Cuitláhuac García se apresuró a presentar las propuestas para cubrir las seis vacantes que presuntamente se generarían entre los magistrados del Poder Judicial, porque algunos cumplieron sus 10 años de servicio y otros llegaron a los 70 años de edad.

Nada le importó al mandatario estatal que los magistrados estén impugnando la decisión de retirarlos del servicio.

Por lo pronto, de las seis propuestas del gobernador, cinco corresponden a mujeres y una vez más aparecen personajes cuyo único mérito es su cercanía con el mandatario estatal, y no su conocimiento o experiencia en la carrera judicial.

Los propuestos son: Alma Rosa Flores Ceballos, actualmente juez micro regional en Pánuco; Antonio Sobrevilla Castillo, juez de lo familiar; Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, juez en Poza Rica; Itzel Castro Castillo, secretaria de estudio y cuenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; María Lilia Viveros Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UV, y Aileth García Cayetano, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y hermana de la diputada federal Dorheny García Cayetano.

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