El seis de enero del presente año, en este mismo espacio, escribí sobre una conversación que –si no literalmente, sí habría sido en esos términos- sostuvieron el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Presidente de la Junta de Coordinación Política, en esa misma Cámara, Ricardo Monreal:

“Ya traté el tema con el Presidente, Miguel. Te manda a decir que él no tiene compromiso alguno con (Javier) Duarte. No te preocupes, vamos a avanzar en los acuerdos”.

En los días previos, desde el lugar donde se encuentra encerrado (el Reclusorio Norte de la Ciudad de México) el exgobernador de Veracruz Javier Duarte había iniciado una fuerte ofensiva mediática contra quien fuera secretario de Gobernación la mayor parte del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Caló tanto en el actual senador priista, que amagó al Presidente Andrés Manuel López Obrador (vía Monreal) con retirar el apoyo de la minúscula bancada tricolor a las iniciativas que llegaran al Senado, pues sospechaba que los ataques a su persona por parte de Javier Duarte estaban siendo promovidos y patrocinados por el gobierno de Morena. De otra forma no se explicaba que el exgobernador de Veracruz gozara de tantas facilidades para comunicarse con el exterior.

La lista de señalamientos por parte de Javier Duarte contra Osorio Chong era larga, pero específicamente en su caso, el veracruzano aseguraba que su salida del país y su posterior entrega obedecieron a instrucciones directas del entonces secretario de Gobernación, quien le aseguraba que “tenía instrucciones del Presidente” para protegerlo, pero para ello requería que “las cosas se enfriaran un poco”.

La amenaza de Osorio Cjong a la bancada de Morena surtió efecto, al menos en aquel momento. Hoy las circunstancias son otras. Hoy el Presidente sabe que Miguel Ángel Osorio “no trae” todos los votos priistas, y los que lo siguen no son suficientes para generarle un hueco a la bancada de Morena en la Cámara Alta.

El propio Miguel Ángel Osorio –cuentan- habría suavizado el tono que usó con Ricardo Monreal. En enero le reclamaba, le exigía y hasta lo amenazaba. Hoy poco faltó para que la voz se le quebrara:

“Habla con el Presidente, Ricardo. Explícale que estoy siendo víctima de infundios, recuérdale que yo he estado apoyándolo desde mi trinchera”.

El pasado fin de semana trascendió en medios nacionales que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra varios de los colaboradores más cercanos a Osorio en su paso por Bucareli, entre los que destaca Frida Martínez Zamora, quien fungió como directora de Recursos Humanos y Adquisiciones de la Oficialía Mayor en Hidalgo cuando Miguel Ángel Osorio fue gobernador, y en la administración de Enrique Peña Nieto fue jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen. 

Ha trascendido, además, que Frida Martínez fue pareja sentimental Luis Eduardo, hermano del actual senador priista.

Las acciones de la FGR contra el equipo más cercano de Osorio Chong están vinculadas con investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2018, luego de que detectó irregularidades en la Policía Federal por alrededor de mil 500 millones de pesos.

El trascendido del fin de semana –que no fue negado por el gobierno federal, ni por la Fiscalía- menciona entre las inconsistencias encontradas, el pago de 170 millones de pesos por diversos equipos (que no se especificaron), sin que el proveedor cumpliera con la entrega.

Advirtieron también la falta de documentación para soportar gastos de seguridad pública, entregados por la Policía Federal a diversos funcionarios por 42 millones de pesos.

Otros 800 millones de pesos que no comprobó la Policía Federal y que se justificaron como “servicios de patrullaje y vigilancia extraordinaria”, así como un desvío de la propia Policía Federal por 500 millones de pesos a empresas extranjeras con quienes no se tenía contrato.

Pero no sólo eso.

La Secretaría de la Función Pública reveló que el senador Osorio Chong es investigado por un incremento”irregular” por 14 millones de pesos en su patrimonio, ocurrido entre 2014 y 2017, cuyo origen no ha explicado ni justificado.

A final de cuentas, Javier Duarte tenía razón, pero sus denuncias no ocurrieron en el momento político adecuado.

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