Como las cartas en un castillo de naipes, así se están cayendo las resoluciones que el Poder Legislativo ha tomado sin acatar disposiciones jurídicas vigentes.

Primero fue el magistrado Marco Antonio Lezama Moo quien gestionó –y consiguió- que la justicia federal apercibiera al Poder Legislativo de Veracruz, por haber incumplido una suspensión dictada por un juez de distrito.

El Congreso de Veracruz deberá convocar a sesión extraordinaria para dar marcha atrás al nombramiento de la magistrada que fue propuesta, de forma indebida, por el gobernador Cuitláhuac García, para sustituir al magistrado Lezama Moo.

Pero el tema no queda ahí. Otro magistrado de los seis que fueron removidos, Roberto Dorantes Romero, quien ya había ganado un amparo para no ser retirado de su cargo, acudió una vez más a la justicia federal para denunciar que el Poder Judicial de Veracruz desatendió la suspensión dictada por el juez de distrito y lo removió de su puesto.

“Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérasele (al Poder Judicial de Veracruz) para que en el término de tres días, legalmente computado, justifique el total cumplimiento al fallo protector o bien comunique el impedimento legal que tenga para hacerlo; apercibido que, de no cumplir, se le impondrá una multa”, le ordenan al Poder Judicial de Veracruz.

El Tribunal Superior de Justicia trató de evadir su responsabilidad y le respondió a juzgador federal que “se topó” con la Gaceta Oficial del Estado del 7 de julio en la que se plasma que el Congreso del Estado determinó que existen “vacantes definitivas” de las Magistraturas del Poder Judicial del Estado, entre las que incluyeron la de Dorantes Romero, por lo que pretendió “echarle la bolita” al juez de distrito, toda vez que le pide que “emita los lineamientos a seguir, para dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito”.

La respuesta del juzgador federal fue contundente:

“Al respecto, se le reitera lo acordado el 6 de agosto actual, en el sentido que en la sentencia de amparo dictada en este juicio se expusieron de manera clara los efectos de la concesión; por lo cual corresponde a la autoridad responsable actuar en consecuencia, o en su caso, informar la imposibilidad legal que tenga para ello, para estar en aptitud de proveer lo conducente en este juicio”.

En pocas palabras, que estudien la sentencia emitida y la acaten en sus términos.

Y atrás de estos dos amparos viene el de la magistrada Gladys Pérez Maldonado, quien también consiguió una suspensión provisional para no ser removida de su cargo, pero que –lo mismo que sus colegas- fue víctima del desdén del Poder Legislativo a las sentencias de la justicia federal.

Es evidente, por las graves pifias en las que han incurrido los Poderes Legislativo y Judicial, que nadie les ha advertido a sus titulares de las graves consecuencias que tiene incurrir en el desacato de una sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Son multas, inhabilitaciones y hasta sanciones penales.

Y entonces no habrá poder divino que los proteja.

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