Mucho ha llamado la atención el tratamiento especial que se ha dado a Emilio “L” desde su llegada a México. 

No sólo fue trasladado del aeropuerto a un hospital, sino que sus audiencias se desarrollaron de forma telemática, y lo que es más, la FGR no solicitó a la justicia federal la prisión preventiva, solamente se le estableció la prohibición de salir del país y un brazalete electrónico. 

Todos estos “beneficios”, se han amparado en la colaboración que el inculpado ha ofrecido a las autoridades para señalar a quienes le “ordenaron” realizar actos de corrupción diversos. 

Aquí mismo hemos señalado las enormes diferencias en el tratamiento que se ha dado a este caso contra el de su excompañera de gabinete, Rosario Robles Berlanga, por cierto, enemiga política del titular del Ejecutivo Federal. 

Pues bien, hace un par de días, en el marco de su participación en el “Seminario Violencia y Paz” que organiza el Colegio de México, el Fiscal General de la República manifestó de viva voz el porqué de los tratos diferenciados. 

Manifestó que la colaboración de Lozoya es fundamental, ya que “está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos”. En tanto que en el tema de Robles Berlanga, “no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte de las instituciones públicas de educación superior”. 

Con base en este criterio, parece que, más allá de los montos de los supuestos quebrantos (donde por cierto en las audiencias de Emilio “L”, PEMEX no había terminado de cuantificar el daño patrimonial), lo que se está privilegiando es la presentación de “denuncias” de parte de los presuntos culpables. 

De tal suerte que, la aplicación de la justicia, pende más de las delaciones en contra de otros actores (enemigos de la autodenominada “4T”) que de las investigaciones y pruebas que tenga la Fiscalía. 

A esto hay que sumarle que desde el púlpito presidencial se hacen declaraciones y sugerencias sobre próximas comparecencias de señalados e inculpados por quien, como estrategia de defensa, ha ofrecido hacer el trabajo sucio pre-electoral al régimen actual. 

Más allá de los anuncios espectaculares que desde Palacio Nacional o la FGR se hagan de este tipo de acusaciones, lo interesante será saber lo elementos de prueba que puedan sustentarlas, sostenerlas y servir de base para que se obsequien ordenes de aprehensión y sentencias condenatorias. 

Sin lugar a dudas, desde el cuarto de guerra del oficialismo para la próxima elección se festinan este tipo de hechos. Sin embargo, la duda queda en el aire ¿Estará el Fiscal dispuesto a indexar su prestigio a esta estrategia electoral? Porque aunque el Presidente de la República se haga el que la virgen le habla cuando le preguntan por temas de justicia, ¿Alguien en verdad piensa que hay autonomía y que la Fiscalía no recibe línea de Palacio Nacional? 

Lo anterior es una perla de Rogelio Barrios, colaborador especial de Política al Día para temas nacionales.