Pues resulta que luego de que lo sacaron de una peligrosa celda en una cárcel de España, traerlo desde en avión especial, instalarlo en un lujoso y caro hospital de la CDMX, atenderlo a cuerpo de rey durante varios días sin que se le molestara con preguntas ministeriales, Emilio Lozoya fue puesto en libertad bajo fianza y enviado a su casa a seguir su proceso en arresto domiciliario. 

¡No pisó una cárcel mexicana!

¡Lo protegieron de contagios por Covid-19 y los peligrosos reos con los que alternaría!  

No acude a firmar de manera presencial el libro de los procesados cada primero y 15 de cada mes, como lo hacen los demás mortales en su estado legal.

Van dos veces que lo hace de manera electrónica… ¡Como rey!

Los jueces federales que atienden el caso ordenaron a Lozoya Austin firmar los días primero y 15 de cada mes el libro de los procesados, ante la Unidad de Supervisión de Medicas Cautelares, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es decir, Alfonso Durazo, titular de esta dependencia no ha tenido el gusto de verle la cara a Lozoya.

Y es que los ‘beneficios’ a Lozoya se están tejiendo de raíz para que no quede duda de que su puesta en libertad en poco tiempo fue completamente ajustada a derecho, ya que olímpicamente, el Fiscal General de la República se dio el lujo de procesarlo por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Es decir, al no procesarlo por delincuencia organizada Gertz Manero le dejó la llave de las rejas en manos de los abogados de Lozoya para que en poco tiempo lo dejen en libertad igual y como lo hicieron con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.

La verdad, pocos abogados especialistas pueden entender cómo es que si AMLO ha clasificado el caso Lozoya como un asunto de Estado y de interés público, en la FGR le han otorgado tantos privilegios a Emilio Lozoya Austin.