Ya el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha admitido que mucho de lo que expresa durante sus conferencias de prensa matinales “se le ocurre” en ese momento, que no todo lo que dice lo lleva preparado.

Con seguridad habrá quienes utilicen ese argumento para justificar la garrafal pifia cometida esta semana, respecto a lo que él consideró “un abuso más, un ejemplo de la corrupción imperante” en los gobiernos que lo antecedieron: la concesión para operar el puerto de Veracruz.

Apenas el pasado martes sacó a la luz el tema y explicó que había sido algo de lo que se había comentado durante la reunón que sostiene con el gabinete de seguridad:

- Antes yo sostenía que la corrupción era el principal problema, ahora no tengo la menor duda, porque poseo más información de los contratos que firmaron, de cómo estaba migración, cómo estaban las aduanas, siguen estando. Los puertos (por eso nos tardamos, hicimos una evaluación, estamos limpiando de corrupción). Me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero, por 50 años, y 10 días después que ganamos esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo a 50 años más. Imagínense, una concesión del puerto de Veracruz de un siglo. ¿Cómo es que firmaron eso? Y así está todo.

- ¿Y van a tomar acciones en cuanto a esto?

- Claro, pues hay que buscar que se revoque ese contrato para el manejo de puerto, todo.

Por supuesto que no fue una de sus “ocurrencias”. Alguien en el gabinete de seguridad (se sospecha que salió de la Secretaría de Marina, que ahora tiene a su cargo el control de los puertos comerciales del país) le vendió la idea de que se había hecho el “gran negocio” con la ampliación de este tipo de concesiones.

El problema es que están equivocados sus informantes y, por lo tanto, él mismo tropezó a partir de una interpretación errónea del contrato de concesión.

En realidad no hay ni una sola empresa particular beneficiada por tal concesión. El propio gobierno federal y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) son los únicos accionistas de la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz.

Así está plasmado en el acta notarial del expediente 5183-07 fechada el 6 de agosto del 2008 y emitida en el entonces Distrito Federal por el notario 198, Enrique Almanza, en el que se establece que el gobierno posee la totalidad de las 841 mil 975 acciones en circulación pertenecientes al puerto veracruzano.

Los acciones están distribuidos en dos partes: fijas y variables, las cuales están a su vez divididas en 4 subseries. Banobras tiene solo una acción en circulación de la subserie B-1, mientras que el resto, es decir, 841 mil 974 acciones pertenecen al gobierno federal.

Está, pues, luchando contra molinos de viento.

El año pasado el puerto de Veracruz se ubicó como el quinto más importante en el país en cuanto a movimiento de carga, con más de 28 millones de toneladas.

El propio diputado federal por Veracruz, de Morena, Ricardo Exsome, justificó la pifia de su jefe político al suponer que “le pasaron información incompleta” sobre la prórroga de la concesión del puerto de Veracruz.

“Le dan a conocer que una empresa S. A. (Sociedad Anónima) que hoy es del gobierno pero que cabía en su momento de que fuera privada y no pública y que cuatro días posteriores de que ganó le otorgan 50 años de concesión y sin ver más información le llama la atención”, intentó explicar el legislador.

¿En realidad quiere el Presidente revisar concesiones que fueron otorgadas mediante millonarios “moches” en Veracruz? 

Que pida los expedientes de las casetas de peaje en la carretera Xalapa-Veracruz, tanto la Dos Ríos como la de La Antigua. 

En el 2017 el gobernador del bienio, Miguel Ángel Yunes Linares “convenció” al Congreso de Veracruz para que le autorizara a negociar una ampliación en los plazos de ambas concesiones a pesar de que su vigencia aún no concluía, lo que le permitió cobrar un recurso que no le correspondía a su gobierno, pero que –además- favoreció a un grupo empresarial que ha sido el principal patrocinador de su carrera política, la familia Ruiz Ortiz.

En el caso de la caseta de La Antigua, en la que tienen participación los gobiernos estatal y federal, Yunes Linares debió contar con la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Ahí sí, con una revisión detallada de los procedimientos, conseguirá argumentos jurídicos suficientes para revocarlos.

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