Y resulta que atrás del “interés patriótico” por proteger el puerto de Veracruz, hay intereses mezquinos.

En este mismo espacio se llamó la atención de la “absurda e incomprensible” ofensiva del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, al asumir como una medida autoritaria (“que ni Porfirio Díaz realizó”) de ampliar a cien años la concesión para operar dicha estación portuaria “apenas unos días después de que se conoció mi triunfo, en el 2018”.

En esa ocasión aquí mismo se llamó la atención sobre un hecho que nunca mencionó el Presidente: que la API Veracruz es operada por el propio gobierno federal (99% de las acciones) y Banobras ( el 1% restante) y que el Presidente asumió erróneamente que por referirse a una Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV) se trataba de un negocio “en lo oscurito” con algún consorcio de la “mafia del poder”.

Este lunes, sin embargo, el dirigente estatal del PRI Marlon Ramírez Marín planteó una teoría que no suena tan descabellada.

Explicó que la insistencia del Presidente en revisar la concesión del puerto de Veracruz no busca atacar la corrupción, sino obtener un bien económico directo ante la incapacidad del Gobierno del Estado de generar condiciones de desarrollo económico, y los malos resultados en todos los rubros.

“¿El problema es que no les retribuye nada ellos? Vemos con preocupación que esta intención que se plantea de hacer la revisión de la concesión no tiene otro objeto que dejar de invertir en la ampliación del puerto y no estamos de acuerdo”, expresó el dirigente priista, luego de mostrar un video en el que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, manifiesta que “todo ese negocio casi no le retribuye nada al Estado”.

Como lo han hecho notar diversas organizaciones y actores políticos de la entidad (incluso el diputado federal por Morena Ricardo Exsome) la ampliación del puerto representa más infraestructura, más viviendas, mayores servicios, mejores escuelas, pero en opinión de Marlon Ramírez “la intención de este Gobierno Federal -a sugerencia del gobernador de Veracruz- es revisar una concesión que claramente nada tiene que ver con un asunto de combate a la corrupción, sino de frenar el desarrollo como lo hizo con el aeropuerto de Texcoco”.

Advirtió que no está en contra de que se revise el desempeño de la API Veracruz:

“Si hay prácticas que no estén apegadas a la ley dentro de los manejos de carga y descarga, es una responsabilidad que tiene que perseguirse y tiene que ponerse a disposición de las autoridades, pero no podemos -como lo viene haciendo este Gobierno- por una reja podrida de naranjas, tirar toda la carga, es ridículo e injusto”.

Marlon Ramírez llamó a formar un frente común para defender la operación del puerto, e invitó al propio gobernador Cuitláhuac García a sumarse a ese movimiento, lo mismo que al diputado porteño Ricardo Exsome.

“Creo que en el fondo lo que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está buscando, es no invertir los casi 20 mil millones de pesos que faltan en la ampliación del puerto, y si adicionalmente se le ocurre que estaticen los puertos, vamos a volver a 1992”, acotó.

El puerto de Veracruz es el más importante de los 40 que existen en el país; su capacidad permite que se importe o exporte el 49.3% de los vehículos automotores en México; es el primer lugar en toneladas importadas, el tercer lugar en toneladas exportadas; el primer lugar en carga de graneles agrícolas, el segundo lugar en carga general suelta, segundo lugar de carga general contenerizada.

El empleo regional en el puerto de Veracruz de manera directa e indirecta contempla 373 mil 934 personas ocupadas; 270 mil 555 trabajadores asalariados, 107 mil 298 en comercio y 183 mil 889 en servicios.

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