Dice el dicho popular “¿Pa’ qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?”. 

Desde el anuncio presidencial a finales del mes de agosto, acerca de pretender introducir una Consulta Popular en las próximas elecciones sobre el “juicio” a sus predecesores, muchos señalamos la impertinencia legal de tal deseo. 

En la práctica, muchos analistas han señalado que el fondo de esta idea es meramente electorero: generar el suficiente ruido y “justificar” la incidencia de López Obrador en la campaña de 2021.

Si bien el deseo presidencial era que esta petición surgiera de las firmas ciudadanas a las que se refiere la Ley, lo cierto es que como se anticipo aquí, será el Congreso el que llevará avante este asunto que deberá ser calificado por la Corte y que, afirman los conocedores de la materia, será rechazado por ésta.

Si algo caracteriza a los actores políticos de la autollamada “cuarta transformación” es el deseo de congraciarse con López Obrador. En este tenor, este lunes el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, presentó una iniciativa para realizar una consulta ciudadanía donde se aprobaría o no la creación una Ley de “Amnistía” para quienes ocuparon la Presidencia de la República entre 88 y 2018. 

El truco parece muy simple, de ganar el “SÍ”, el Poder Legislativo se obligaría a dictaminar, votar y aprobar la “Amnistía” en favor de los ex-Presidentes y el Ejecutivo estaría obligado a promulgarla. En caso de ganar el “NO”, Gómez considera que se tendría una especie de “Ley de no olvido” que obligaría a enjuiciar a estos personajes.

La construcción suena un tanto artificiosa ya que si bien podría salvar la aduana de la decisión de la SCJN, al final el asunto es el mismo exactamente: ¿Qué delitos se estaría “perdonando” por ley a quienes ocuparon la primera magistratura? ¿Son perseguibles legalmente hablando?

Parece que a los que le entienden un poquito al entramado constitucional dentro del régimen, les queda claro que los deseos de su líder son jurídicamente irrealizables y más allá del circo mediático no se llegará a nada. Sin embargo, lo que es peor, pueden despertar al “tigre” de la desesperación y desesperanza ciudadana y, quizá, generar movimiento extra-partidistas como el que hoy ocupa la sede de la CNDH. 

Si hay conductas que a juicio de la actual administración federal son punibles, lo ideal sería que se hicieran las denuncias que correspondan ante la FGR, que se investigue la posible comisión de delitos y que se consignen ante los Jueces en la materia. Proponer otro camino, es “hacerse fuera de la bacinica” y con ello, arrastrar la credibilidad del actual gobierno o, acusar al Poder Judicial de estar en contra del pueblo. 

Lo anterior es una perla de Rogelio Barrios, colaborador especial de Política al Día para temas nacionales.