Cuando todo parecía olvidado y muchos de los exfuncionarios de primera línea en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se pensaban libres y que habían podido vencer a la justicia, el mundo se les vino encima con la discusión nacional que se armó a raíz de la presentación de la Iniciativa presidencial para la cancelación de 109 fideicomisos.

Las carpetas de investigación pegaron un brinco en los archiveros y las autoridades responsables de procurar la justicia despertaron de su largo letargo y se acordaron que por ahí tenían pendientes varios expedientes por no poder comprobar 865.5 millones de pesos del Fideicomiso Estatal para los Juegos Centroamericanos que se celebraron en Xalapa y otras regiones del Estado.

En primer lugar como presunto responsable del mal manejo de los dineros del Fideicomiso se menciona que aparece el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

Y, entre los principales exfuncionarios duartistas que resultaron ser presuntos responsable del desvío de los millones de pesos mencionados  se encuentra el extesorero de Sefiplan Tarek Abdalá Saad, pero hay más.

El extitular del Instituto Veracruzano del Deporte Carlos Sosa Ahumada.

El exsubdirector administrativo del IVD José Antonio Ocaña.

En completo secreto se guardan los nombres de más exfuncionarios de Sefiplan así como varias compañías contratistas y proveedores que incumplieron contratos de construcción y servicios.

 Desde luego que este nuevo escándalo cae en tiempos nada propicios para el partido político que impulsó a Javier Duarte a la gubernatura, pues el asunto aparte de ser un tema netamente de justicia lo es también político.