José Ezequiel Santos Álvarez es juez décimoctavo de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa. 

Consultando con algunos abogados con experiencia en litigios, apuntan que este juzgador es preparado, se suele actualizar en los temas que le atañen, pero en términos futboleros, es “un árbitro muy localista”.

Esto es, que procura no meterse en problemas, que “juega con el marcador” y no suele confrontar a quienes detentan Poder.

¿Por qué es importante esta radiografía del juez Ezequiel Santos?

Esta semana la magistrada Sofía Martínez Huerta inició un juicio de amparo que quedó registrado con el número 532/2020 en el índice del Juzgado Décimoctavo de Distrito, justo el que encabeza Ezequiel Santos Álvarez.

En la demanda, la magistrada reclama “actos fuera de juicio” consistentes en la “ilegal sesión” con la que fue destituida de su cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Asegura que esas acciones fueron violatorias de los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo primero de la Carta Magna se refiere a la protección de los derechos humanos, los que –en opínión de la magistrada- le fueron violentados; el artículo 14 advierte que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En el artículo 16 se establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”; el 17, mientras tanto, hace referencia a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

El 133 tiene que ver con los recursos económicos que les son encomendados a los servidores públicos, y que deben ser manejados “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

El recurso presentado por la magistrada Sofía Martínez es un amparo indirecto en materia administrativa, mediante el cual pretende que le sea otorgada –en principio- la suspensión provisional con efectos restitutorios. Es decir que, de ser procedente la suspensión, Sofía Martínez Huerta sería restituida como presidenta.

La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), emitió un comunicado para cuestionar la legalidad de la destitución de Sofía Martínez Huerta.

A nombre de los poderes judiciales del país, el presidente de la Conatrib, el magistrado Rafael Guerra Álvarez exhortó a proteger la autonomía de los órganos de justicia locales y evitar cualquier tipo de intromisión que afecte la vida institucional.

“Desde la Conatrib se hace un llamado a ser ejemplo de legalidad en todos y cada uno de los procedimientos internos”.

Mientras tanto, ni el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, han salido a defender a la magistrada Sofía Martínez, lo que hace suponer que las acciones para removerla del cargo tuvieron el aval del gobierno federal.

Con una larga carrera en el Poder Judicial y habiéndose desempeñado como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Sofía Martínez debería contar –en teoría- con el asesoramiento de los abogados más competentes en la materia, pues a estas alturas alguien ya le debe haber dejado bien claras las cosas: O aplica todos sus recursos y conocimientos en su defensa jurídica, o el siguiente paso es que procedan penalmente en su contra y termine en la cárcel.

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