Este jueves, ante el Pleno del Congreso de Veracruz, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, la solicitud de juicio político, promovida por José Clemente Zorrilla Rostro, en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta.

Al margen de la dudosa calidad moral de quien promueve este juicio político (Clemente Zorrilla Rostro fue impuesto como juez durante el período de Edel Álvarez Peña, sin mérito alguno y está en proceso una sanción administrativa por no presentarse a laborar -durante casi un mes- a su adscripción en Ozuluama), lo cierto es que este recurso encontró tierra fértil en el Congreso local y una víctima propicia, que poco ha hecho por defenderse.

Luego de ser removida del cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia mediante un procedimiento plagado de irregularidades, Sofía Martínez Huerta salió a los medios de comunicación a denunciar directamente al secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, de haberla amenazado y llegó a señalar que temía por su seguridad y la de su familia.

Sin embargo, cuando han pasado ya dos semanas desde que fue retirada de su cargo, es la fecha en que no ha presentado la denuncia correspondiente por las supuestas amenazas por parte del funcionario estatal. No es eso lo que esperan los ciudadanos de una magistrada que estuvo al frente del órgano encargado -¡justamente!- de impartir justicia.

Hoy por hoy se percibe un mayor dinamismo por parte del grupo de magistrados que se movilizó para desplazar a Sofía Martínez, pues han estado documentando cada una se sus acciones al frente de la Presidencia y señalando aquellas que ellos consideran fueron irregulares.

Mientras tanto, ella se limitó a presentar su demanda de amparo (la que aún no se resuelve) y se mantiene callada, distante, como si se le hubieran agotado los argumentos, las estrategias.

Pero mientras los magistrados se lanzan en una guerra sin cuartel por el control del Poder Judicial, en los próximos días se estará presentando la denuncia penal en contra de los involucrados en el millonario fraude de las Ciudades Judiciales.

Ya varios de ellos se han acercado al grupo de abogados que lleva la demanda, para negociar su colaboración a cambio de un trato especial.

Precisamente la aportación de más elementos de prueba y más detalles sobre estas operaciones, es lo que ha retrasado la presentación formal de la denuncia, que se ha ido enriqueciendo.

Muy pronto habrá más noticias.

filivargas@gmail.com