En el estado de Veracruz se presenta una singular paradoja: En esta entidad, el órgano encargado de administrar la justicia se ha convertido –desde ya casi un lustro- en el más claro ejemplo de corrupción y de violación sistemática del marco jurídico que nos rige.

En la lucha por el control y la disposición del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, magistrados, consejeros y funcionarios del Poder Judicial se enfrentan en una encarnizada guerra a la que –lamentablemente- se han sumado las cabezas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En diciembre de 2016 Edel Álvarez Peña asumió la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y dos años después, en diciembre del 2018, la organización civil “Observatorio y Contraloría Ciudadana” anunció la presentación de una denuncia formal ante el Congreso de Veracruz, en contra del titular del Poder Judicial del Estado a quien acusaban de ser responsable “de diversos delitos que ameritarían en su momento una acción de juicio político”.

El tema central, hace dos años, de la denuncia contra Álvarez Peña era, casualmente, la “disposición indebida de los recursos que conforman el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia”.

La solicitud de Juicio Político se presentó, pero nada sucedió con ese trámite.

Al concluir su período de tres años como Presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez anunció que no buscaría su reelección (posibilidad considerada en la Ley Orgánica) y en su lugar fue elegida, por el Pleno del Tribunal, la recién ungida como magistrada Sofía Martínez Huerta.

A su llegada a dicho cargo, Sofía Martínez se encontró con la “novedad” de que su administración estaba obligada a pagar, mes con mes, poco más de 17 millones de pesos, producto de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) elaborados en la administración previa a la suya, para la construcción y equipamiento de las llamadas “Ciudades Judiciales”.

A pesar de su limitada experiencia y conocimiento en materia de administración de justicia, Sofía Martíez alcanzó a detectar que en esa obligación podría haber algo irregular, y por lo tanto contrató los servicios de un despacho externo para auditar toda la gestión para construir las Ciudades Judiciales.

Ella no era la única que desconfiaba. Un equipo de abogados inició una investigación paralela, a través de los órganos de Transparencia, para documentar las irregularidades que se pudieran haber cometido durante la gestión de Edel Álvarez Peña. La denuncia ya fue presentada.

La decisión de Sofía Martínez de “barrer para atrás” y su desaseada actuación al frente del Poder Judicial, motivaron que desde el Poder Ejecutivo se iniciara una operación que llevara a su salida.

El principal argumento para removerla fue, por cierto, la presunta disposición de 60 millones de pesos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, lo que fue desmentido por la propia magistrada (ante las más altas instancias en la capital del país) pues exhibió el acta del Consejo de la Judicatura en el que se aprueba de dicha disposición pero, además, mostró que ese recurso seguía en las cuentas del Poder Judicial (al menos hasta el viernes 23 de octubre, cuando fue removida de su cargo).

Contra Sofía Martínez ya se inició también un procedimiento de Juicio Político.

A la fecha quien despacha en la oficina de la Presidencia del Poder Judicial (aunque advierten que “de manera interina”) es la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, personaje a quien le están armando una carpeta en la que se le acusa de diversos delitos, entre otros el de usurpación de funciones, por asumir la representación del Poder Judicial sin cumplir con los requisitos que establece la Ley.

Por lo pronto, un grupo de abogados analiza la posibilidad de presentar solicitud de Juicio Político contra el actual secretario de Gobierno, Éric Cisneros y para ello exigirán que se le dé la misma celeridad a esa solicitud, que la que le dieron a la presentada contra de Sofía Martínez, lo que tampoco se vio en la demanda contra Edel Álvarez (la que, pñor cierto, pedirán que se reactive).

La nueva denuncia de Juicio Político señalará no sólo al secretario de Gobierno, sino a integrantes del Poder Legislativo “por la violacion sistemática al estado de derecho”.

Los abogados, por cierto, han conseguido el respaldo de funcionarios de muy alto nivel en la capital del país, quienes se comprometen a presionar para que estos temas no sean rechazados… caiga quien caiga.

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