Ya se ha hecho referencia en este mismo espacio de las recurrentes fallas jurídicas en las que han incurrido los órganos de gobierno que encabezan representantes del partido Morena. A ninguno parece importarle que, en su afán por imponer su voluntad, pasen encima de las leyes que nos rigen.

Por allá de marzo del presente año, el Congreso de Veracruz dispuso al desafuero del alcalde y la síndica del municipio de Actopan, a partir de una petición expresa enviada por la Fiscalía Espacializada en Delitos de Corrupción. El problema se originó cuando la misma Legislatura decidió no ubicar en el cargo de presidente municipal al suplente, José Alfredo López Carreto, y desde el Congreso se organizó una sesión de Cabildo en la que fue nombrado como alcalde sustituto al regidor Eduardo Carranza Barradas.

Los tribunales electorales determinaron que el mecanismo había sido ilegal y que el Congreso debería llamar al alcalde suplente para ocupar el cargo.

Es la fecha en la que el Congreso no acata dicha disposición.

La semana pasada la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró “parcialmente fundada” la Controversia Constitucional que interpuso el municipio de Mixtla de Altamirano, contra la intervención de la Tesorería por parte del Congreso del Estado.

El jueves 04 de julio de 2019, en el número 266 extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado fue publicado el Acuerdo mediante el cual El Congreso de Veracruz “autoriza intervenir a la Tesorería del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano (…) a fin de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, con apego al margo legal que le rige”.

Ese acuerdo del Congreso local fue revocado por la Suprema Corte.

Después de esa decisión, la misma Legislatura decidió declarar la desaparición de poderes.

También la semana pasada la Suprema Corte declaró inconstitucional el paquete de reformas en materia electoral. Sin entrar al fondo de la controversia, los ministros advirtieron que no se cumplió con lel requisito legal de consultar a los pueblos originales, razón suficiente para declarar inconstitucional toda la reforma, por lo que el proceso del próximo año se habrá de regir con las reglas que regían antes de que estas modificaciones fueran publicadas en la Gaceta Oficial del Estado.

Las cortes federales también han exhibido las fallas procesales en las remociones de magistrados por razones de edad, aplicando reformas legales de manera retroactiva. Muy pronto se conocerá, también, la resolución por la –a todas luces- ilegal remoción de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez.

Todas esas pifias jurídicas del gobierno estatal y de la Legislatura permiten anticipar que habrá más reveses por parte de la Justicia federal.

No se sorprenda si en cuestión de semanas nos encontramos con la sorpresa de que –como debe  ser- se declara ilegal la forma en la que fue designada la joven Verónica Hernández como Fiscal General del Estado. Los procedimientos judiciales en contra de ese proceso siguen su camino y pronto podríamos tener noticias.

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