Entre el selecto grupo de empresarios beneficiados con la administración de una parte de los penales federales del país se encuentran cuñados del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari. Empresarios privados  que cobran una millonada de pesos amparados en ventajosos contratos de dudosa legalidad que se otorgaron por asignación directa, esto es, sin licitación como marca la Ley en la administraciónn del expresidente de México Felipe Calderón y su titular de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos. 

Se trata de 8 contratos con empresas particulares que realizan administración directa para mantener penales federales en Chiapas, Durango, Michoacán, Morelos, Guanajuato (2), Oaxaca y Sonora.

Los contratos fueron hechos con una duración de 22 años, cuyas inversiones se pagaron en 9 años por 75 mil millones de pesos. Pero de acuerdo a lo contratado aún se les debe de pagar 190 mil millones de pesos.

Entre las ventajosas cláusulas están:

1. Se les debe pagar con dinero público a esas empresas privadas por la ocupación total, aunque los penales estuvieran vacíos.


2. El penal pertenece siempre a la empresa no al gobierno.


3. En promedio por cada interno el gobierno debe pagar a esas empresas 1.3 millones de pesos anuales, lo que significa 114 mil pesos mensuales, es decir, el gobierno está pagando 3 mil 800 pesos diarios de acuerdo a la capacidad de internos que tenga el penal.

Es decir, al amparo de amiguismos y compadrazgos el Gobierno de la República les montó grandes negocios a particulares con dinero de los impuestos del pueblo.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la nueva titular de la Secretaría de Seguridad  y Prevención Ciudadana ya le han puesto el ojo encima a estos evidentes actos de corrupción y quizá pronto estén dando a conocer si procede la rescición de esos contratos. Por lo pronto expertos en la materia analizan con lupa los contratos  el cumplimiento de las cláusulas. 

Pronto habrá noticias al respecto. Pero así como este caso el país está plagado de concesiones leoninas como las que se han detectado existen en los Puertos del País. Y los impuestos que no se cobraban a grandes empresarios y que 'voluntariamente' el año pasado pagaron en efectivo casi 100 mil millones de pesos que debían. 

Cuánta fuga, cuánta corrupción de a deveras, no la que hoy se denuncia sin prueba alguna. 

Quizá por ello, el Presidente ya anunció que pronto iniciará la vacunación contra la corrupción.