Tres años después, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción económica que en 2018 le impuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Antonio Tarek Abdalá Saad, quien fue tesorero en la administración del ex gobernador  Javier Duarte.

El ex diputado federal del PRI por Cosamaloapan deberá pagar 3 millones 630 mil 606 pesos, una bagatela para “resarcir” el daño que ocasionó a la hacienda pública del estado de Veracruz. Y eso porque según el proyecto presentado por el magistrado Carlos Chaurand Arzate, el ex tesorero duartista interpuso la demanda de nulidad de forma extemporánea, casi tres meses después de que venciera el término legal para impugnar la resolución.

A Tarek le está saliendo baratísima su complicidad en el desbarajuste financiero del gobierno estatal, aunque ahora pretenda deslindarse de su exjefe. Y es que para salvarse de la prisión, el ex tesorero de Duarte solicitó desde principios de 2018 –ocho meses antes de que perdiera el fuero legislativo y concluyera la administración priista del ex presidente Enrique Peña Nieto–, un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar ser juzgado por el presunto desvío de 57 mil millones de pesos provenientes de fondos federales que él manejó y que habría transferido a diversas cuentas por órdenes del ex gobernador. Actualmente existen 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas abiertas en la FGR.

El recurso de “criterio de oportunidad”, planteado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, permite a los solicitantes convertirse en testigos colaboradores a cambio de obtener beneficios legales. Este criterio ha ido concedido por el Ministerio Público Federal a varias personas vinculadas con los desvíos del ex mandatario veracruzano actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por lavado de dinero y asociación delictuosa.

En mayo de 2018, siendo todavía diputado federal, el ex tesorero confesó ante la PGR haber efectuado pagos a compañías fantasma por órdenes de Duarte y que en muchas ocasiones era Karime Macías, esposa del ex mandatario, quien decidía el desvío del dinero público, asegurando que cada transferencia que hizo fue por instrucción y conocimiento del ex gobernador y su cónyuge.

El ex tesorero aseguró que el dinero lo tomaba de partidas públicas que se asignaban a distintas dependencias, y que aun cuando éstas tenían carencias o servicios por cumplir, el dinero era transferido para los fines que decidían Duarte y su esposa.

Según versiones periodísticas, fueron al menos 9 las dependencias estatales desde las cuales se habrían transferido más de 3 mil 600 millones de pesos a compañías fantasma.

“Todo esto era aprobado por Javier Duarte. Por lo regular me reunía con él en las noches y me indicaba qué era lo que había que transferir de una cuenta a otra… todo era para hacer más fácil que se perdiera el rastro”, declaró Tarek, quien aceptó que fue una de las personas de mayor confianza del matrimonio Duarte-Macías y que por ello estaba encargado de operar los desvíos del dinero público, aunque cínicamente puntualizó: siempre bajo las instrucciones de ellos.

LOS ‘TACOS’ DE TOMÁS RUIZ

Por cierto, trascendió que en su testimonio rendido ante la FGR, Tarek Abdalá reveló también que antes de que él fuera tesorero, fue creado un “fondo especial” por instrucción del entonces titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, para entregar un sobresueldo, una compensación adicional en efectivo a secretarios y subsecretarios, para homologar sus percepciones con los de los funcionarios federales.

“Este fondo especial era conocido como ‘los tacos’ y estos fondos eran repartidos por Tomás Ruiz únicamente a secretarios y subsecretarios. Este dinero provenía de la operación realizada dentro de las cuentas... de la Secretaría de Gobierno y la de Educación”, detalló.

Como se sabe, Tomás Ruiz renunció como titular de la Sefiplan en 2012, después del escándalo de los 25 millones de pesos en efectivo que la Policía Federal les confiscó a dos empleados del gobierno de Veracruz en el aeropuerto de Toluca. Sin embargo, un año después retornó sorpresivamente al gabinete duartista para asumir la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP).

Después del 30 de noviembre de 2016, al concluir la administración de Javier Duarte –la cual cerró como gobernador interino el ex secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, pues Duarte de Ochoa solicitó licencia por la denuncia penal interpuesta en la FGR y posteriormente se fugó a Guatemala–, Ruiz González se desapareció de la escena pública, reapareciendo hasta agosto del año pasado como director general corporativo de la cuestionada empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL), no obstante que había sido acusado de peculado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por presunto desvío de más de mil millones de pesos de fondos federales en Veracruz, acreditados por más de 80 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque fue señalado también de estar implicado en la probable malversación de 35 mil millones de pesos.

De acuerdo con el portal Latinus, del periodista Calor Loret, habrían sido los empresarios mexicanos Luis y Mauricio Amodio Herrera, actuales dueños del capital mayoritario de OHL, quienes habrían encargado a Tomás Ruiz las áreas de finanzas, legal y recursos corporativos, además de formar parte del consejo directivo.

Debido a los negros antecedentes como ex titular de la Sefiplan y SIOP en el Gobierno de Veracruz, el nombramiento de Ruiz González sorprendió, ya que paradójicamente en el comunicado de compra-venta de OHL se mencionó que “los hermanos Amodio decidieron reactivar la capacidad financiera y su prestigio empresarial de OHL, haciendo de la transparencia e integridad valores permanentes para desplegar todo su potencial en el mercado”.

OHL es una empresa ibérica dedicada a la construcción y concesiones, acusada por el gobierno de España en reiteradas ocasiones de haber dado sobornos a políticos en varios países.

En México se hizo cargo de la construcción del Tramo Uno del Tren México–Toluca, y ha sido señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ser una de las empresas beneficiadas en administraciones anteriores gracias a sus nexos con políticos.