Tal y como se esperaba 35 diputados locales votaron por la afirmativa de Juicio Político en contra de la Magistrada expresidenta del Poder Judicial de Veracruz Sofía Martínez Huerta por afectar los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho.

Esta es la primera vez en la historia del Congreso, en sesión extraordinaria, con carácter de privada que aprueba un dictamen de ese nivel así lo dio a conocer al final de la sesión extraordinaria de hoy el presidente de la Comisión Permanente Instructora, diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, informó sobre esta decisión del Pleno y argumentó que ello es resultado de un trabajo transparente y con estricto apego a lo señalado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Vargas Barrientos señaló que el dictamen es resultado de la denuncia de juicio político presentada por el juez José Clemente Zorrilla, quien, en noviembre del año pasado, fue removido del juzgado a su cargo por la magistrada, siendo que esta decisión es exclusiva del Consejo de la Judicatura y no de una persona en particular; motivo por el que se determina que podría existir usurpación de funciones en el Poder Judicial.

El resolutivo final registró 35 votos a favor, 9 votos en contra, sin abstenciones. Tras ser aprobado por esta Soberanía, se instruyó remitir al Tribunal Superior de Justicia el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento, a fin que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional notifiquen a la denunciada para que formule los alegatos a su favor y será la Comisión Instructora la que ratifique dicha acusación.

Ahora el caso por Ley pasa al Pleno del Poder Judicial que como se le ha adelantado aquí podría negarse la declaración de inhabilitación o destitución si la resolución del Jurado de Sentencia es absolutoria o si no se obtiene la mayoría calificada que exige este ordenamiento, pero si la resolución resulta condenatoria, se sancionará a la servidora pública, si está en funciones, con la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados.