Durante los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria, de la Diputación Permanente, la legisladora Deisy Juan Antonio, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual exhorta al Tribunal Electoral del Estado (TEV), así como al Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), a convocar a las autoridades competentes y emitir medidas protectoras en casos relacionados con violencia de género.

Asimismo, para que conjuntamente expidan el “Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género para el Estado de Veracruz”, el cual deberá  definir el alcance que tendrá cada una de las instancias en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares en la materia, para que de esta forma, se logre una adecuada coordinación entre las autoridades involucradas en la atención de estos conflictos, así como la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

La legisladora señaló que la violencia política por razón de género, es definida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como “las acciones u omisiones de personas servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales incluyendo el ejercicio del cargo”. 

En este sentido, dijo que, y con la finalidad de combatir estas acciones, han sido promovidos diversos juicios de protección de los derechos político-electorales y procedimientos sancionadores, que de acuerdo al procedimiento administrativo conducente, emiten medidas de protección cautelares, para salvaguardar la integridad de las personas, ante eventuales actos que pudieran resultar lesivos de sus derechos. 

Algunas de las autoridades que se han relacionado como parte de las medidas cautelares, son la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública, agregó. 

Al respecto, subrayó la diputada, en ocasiones la actuación de estas autoridades resultan poco claras y ambiguas toda vez que al definir los efectos de su intervención, sólo se hace con la salvedad de que se lleve a cabo dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.

Aunado a ello, continuó, para Veracruz no existe un documento normativo en el que se establezcan cuáles serán los alcances de cada autoridad vinculada respecto de su intervención en las citadas medidas de protección; por lo que se hace indispensable la expedición de un protocolo, el cual permita brindar una mejor atención, sanción y reparación integral, ante casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, concluyó.