El ambiente electoral está extremadamente violento en todo el país… y también en Veracruz.

La tensión ha llegado a tal extremo, que un aspirante a candidato, Félix Salgado Macedonio, se tomó este lunes la libertad de amenazar públicamente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que tienen entre sus tareas ratificar –o rectificar- su descalificación como abanderado de Morena al gobierno de Guerrero.

“Que no le rasquen los huevos al toro, porque nos va a encontrar”.

Las palabras de Salgado Macedonio adquirieron resonancia nacional, lo que obligó a que Olga Sánchez Cordero, saliera a través de Twitter a hacer “un enérgico llamado” al respeto mutuo. 

“Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, como a los servidores públicos”, dijo.

En Veracruz, mientras tanto, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, se dijo “preocupado” por el ambiente de violencia que se percibe en el estado.

“Nos preocupa y nos ocupa mucho el clima de inseguridad en el que están arrancando las campañas federales y en el que están por arrancar las campañas locales (…) Ya anunciamos agresiones a nuestro candidato de Carlos A. Carrillo, ya anunciamos golpes al presidente del PRI del municipio de Soteapan, Cirilo Hernández”.

Y el gobernador nada hace por serenar el ambiente; por el contrario, no deja pasar oportunidad para culpar a “los de enfrente” y en pleno período electoral recorre obrasy lo difunde a través de las redes sociales.

Argumenta que eso no violenta la ley porque “la población debe estar enterada y conocer esta información, para evitar en el futuro situaciones que deriven en actos de corrupción por no contar con las obras en los tiempos planteados”.

Ya sabemos que Cuitláhuac García no es abogado, pero algún asesor debería tener, que le diga que la Ley Electoral establece que durante períodos de campañas los servidors públicos (como él) “sólo se podrán difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Alguien también debe explicarse que los servidores públicos sólo pueden hacer lo que expresamente les autorice la ley.

Difundir por cualquier medio (en este caso las redes sociales) sus recorridos de “supervisión” (para los cuales hay instancias como los órganos internos de control o la Contraloría General) es violentar los ordenamientos jurídicos en materia de “veda electoral” y eso contribuye a enrarecer aún más el ambiente.

Si a eso se le agrega el uso faccioso de los órganos encargados de procurar e impartir justicia, de pronto en Veracruz se está formando una fórmula explosiva de graves consecuencias.

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