Fue en mayo del 2018, cuando la Fiscalía de Veracruz (en ese entonces a cargo de Jorge Winckler) consiguió que un juez de control del fuero común girara una orden de aprehensión en contra de Karime Macías, exesposa del exgobernador Javier Duarte.

El expediente iniciado en contra de quien fuera la “primera dama” de Veracruz, la inculpaba de provocar un daño patrimonial a la Tesorería estatal por más de 112 millones de pesos.

Jorge Winckler afirmaba que Karime Macías desvió recursos del DIF estatal para pagar contratos de compra-venta a por lo menos seis empresas “fantasma”.

Mencionó que los contratos contemplaban la adquisición de equipo médico, sistemas de purificación de aguas de lluvia, sanitarios biodegradables y artículos electrodomésticos, entre otros.

El 17 de abril del 2020, ya con Verónica Hernández al frente de la Fiscalía de Veracruz, se informó sobre la detención de ocho exfuncionarios del DIF Estatal (de los 25 contra los que se obtuvieron órdenes de aprehensión)  “por su probable participación en delitos relacionados con el servicio público”.

La acusación formal contemplaba ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, fraude específico (cometido en agravio del DIF del estado de Veracruz) y coalición contra el servicio público.

Ese es el expediente que se ha utilizado con el fin de extraditar a Karime Macías desde el sitio en el que actualmente radica, el Reino Unido.

Y mientras la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trabajan en el cumplimiento de los requisitos para conseguir la extradición de Karime Macías, los casos contra los funcionarios del DIF se siguen cayendo.

Este miércoles obtuvo su libertad, la contadora Emilia Yasbe Azamar Hernández, quien en la administración de Javier Duarte estuvo a cargo de la Subdirección de Recursos Financieros del DIF estatal.

La Fiscalía acusaba a Emilia Yasbé Azamar de realizar siete transferencias bancarias para las que se precisaba la autorización de Antonio Tarek Abdalá Saad, en ese entonces tesorero del gobierno estatal. Las transferencias habrían sido a empresas “fantasma”.

Luego de un año de permanecer en prisión, la contadora Azamar Hernández recibió la protección de la justicia federal para que se dejara sin efecto el auto de vinculación a proceso y, una vez subsanadas todas las deficiencias, se dictara una nueva resolución.

La determinación del juez federal fue combatida por la FGE, pero la sentencia fue confirmada en el Amparo en Revisión 218/2020 por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal con sede en Boca del Río, Veracruz.

También se promovió un juicio de amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se aplicó en contra de la exservidora pública.

De seguir así las cosas, para cuando consigan traer a México a Karime Macías, ya no habrá materia para su aprehensión.

A menos, claro, que la Fiscalía la acuse de “ultrajes a la autoridad”.

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