Las campañas electorales 2021 se están convirtiendo en una cena de negros en la que tendrán mucho trabajo los empleados de los Tribunales y organismos públicos electorales. 

Y es que la misma rigidez y apego a la normatividad que se ha empleado para tumbar candidaturas deberá emplearse para analizar y dictaminar todas y cada una de las denuncias públicas que se están haciendo unos a otros partidos políticos y candidatos. 

Cuando menos, la mañana de este jueves 27 de mayo, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI de Veracruz, Marlon Ramírez Marín, convocó a una conferencia de prensa en la que presentó presuntas evidencias (con videos y fotografías) del uso de recursos públicos, vehículos oficiales y la participación de funcionarios del ayuntamiento de Xalapa y del Gobierno del Estado, en apoyo de la campaña del candidato por la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Ricardo Ahued. 

Pero lo anterior no se quedó en lo mediático, sino que dichos señalamientos los hizo acompañar de sendas denuncias de hechos contra Ricardo Ahued Bardahuil ante la Fiscalía General de la República y el Organismo Público Local Electoral (una penal y otra electoral) por los hechos antes expuestos, “hechos contraventores de la normatividad constitucional y legal”. 

Habrá que ver si las pruebas presentadas en dichas denuncias son suficientes para que se inicie la investigación correspondiente o si las mismas son meramente circunstanciales y ambas denuncias se desinflen sin ninguna consecuencia.  

Al paso que vamos, esta elección intermedia 2021 no sólo será la más grande de la historia, sino que también será la más violenta, peligrosa y sucia que, seguramente, terminará en muchos casos en Tribunales.