Entre 2018 y 2019, más de 20 empresas, algunas fantasma y otras relacionadas con empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cobraron 140 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes por servicios administrativos y legislativos. 

El Congreso niega haber hecho esos pagos pero no entrega información que lo pruebe. La suma facturada equivale a 70 por ciento del presupuesto anual del legislativo y  coincide con lo que de acuerdo con la cuenta pública el Congreso destinó a una bolsa de 149.2 millones de pesos que no ha transparentado en qué se gastó. 

“No es para nada normal (que no transparente el gasto) —señala Iván Benumea, especialista en finanzas públicas—; es una falla muy grave en términos de rendición de cuentas”.

Los cobros al Congreso de Aguascalientes comenzaron en febrero del 2018 y concluyeron en diciembre del 2019. La mitad de esas 22 empresas forman tres redes que comparten accionistas, representantes, domicilios, teléfonos y correos electrónicos. La mayoría están registradas o tienen domicilio en Jalisco; otras están distribuidas entre Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca, Coahuila, Yucatán y Estado de México. 

En la primera red, cuatro firmas que facturaron 26.1 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes comparten accionistas con empresas fantasma y con compañías cuyas cuentas fueron bloqueadas en 2020 por la UIF.  Según investigaciones periodísticas los  bloqueos fueron por lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

La segunda red, que facturó 43.6 millones de pesos, la forman otras cuatro compañías. Una de ellas es investigada por el gobierno de España por su presunta participación en el desvío de recursos del partido izquierdista Podemos a las campañas de Morena en México.

La última es una red de empresas constituidas en Aguascalientes que facturaron 21.9 millones de pesos,  han sido proveedoras de gobiernos municipales del PAN y Morena en otras entidades e incluso han competido entre sí por contratos públicos.

Facturar servicios sin cobrarlos, como dice el Congreso que ocurrió, resulta atípico, según especialistas en materia fiscal consultados por MCCI, porque cualquier persona o negocio debe pagar impuestos de las facturas que emita. Es decir, las empresas tuvieron que haber pagado impuestos por los servicios que facturaron y que el Congreso dice que no pagó.

“Las facturas continúan vigentes, lo cual nos hace presumir que esos gastos sí fueron realizados por el Congreso, y en ese sentido debería darse la mayor información pública al respecto”, dice Benumea.

El especialista añade que en el mundo fiscal se ha observado que las empresas que simulan operaciones fiscales suelen emitir facturas en números cerrados con IVA incluido, tal como aparece en los comprobantes emitidos por las empresas al Congreso de Aguascalientes. Lo normal es que el precio bruto de un producto o servicio esté en números cerrados y esa cantidad más IVA quede en decimales. 

Las  once compañías restantes, de las que no se encontró más información, facturaron 49.1 millones de pesos al Legislativo de Aguascalientes y están registradas en Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y Nayarit. Algunas aparecen como proveedoras de entes públicos en otros estados y de Movimiento Ciudadano y  el  PRI.

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(Por Mónica Cerbón y Jennifer González)

Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad