El lunes 3 de junio del año antepasado, al día siguiente de las elecciones locales de 2019 en Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, que marcaron el inicio de la disputa feroz entre los grupos internos de MORENA por la dirigencia nacional del partido gobernante, Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, advirtió que apenas 11 meses después de que el obradorismo había arrasado en 2018 con 4 millones 511 mil 536 votos en esos mismos estados, ahora sólo había obtenido 1 millón 567 mil 028 sufragios.

“Es decir, perdimos 2 millones 944 mil 508 electores. Casi 3 millones de votos menos que la elección anterior, o sea, 65 por ciento menos votación”, precisó el entonces aspirante a la presidencia partidista.

Luego, al año siguiente, en octubre de 2020, MORENA fue arrasado por el PRI en las elecciones para alcaldes y diputados locales de Hidalgo y Coahuila.

En junio pasado, MORENA ganó 12 de las 15 gubernaturas en disputa pero no pudo alcanzar el número suficiente de diputados federales para la mayoría calificada que se requiere para aprobar reformas constitucionales. Además sólo sumó 16 millones de votos, menos de la mitad de los 33 millones obtenidos en la elección presidencial de 2018.

Por eso es que luego de los resultados de la desairada consulta popular de este domingo 1° de agosto, a la que concurrió sólo el 7 por ciento de la lista nominal de electores, en el partido gobernante –que fue el que promovió y publicitó el juicio contra los últimos cinco ex Presidentes de México–, se prendieron las luces de alerta ante el próximo referéndum  sobre la revocación de mandato al que deberá someterse el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de siete meses, en marzo de 2022.

Casualmente, anteayer domingo, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal –a quien López Obrador se resistía a incluir en su lista de precandidatos para sucederlo en la Presidencia de la República en 2024–, anunció que presentará una propuesta de Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual es consensada con los grupos legislativos del PRI y PAN, ya que el proceso debe iniciar a partir del 2 de diciembre próximo y concluir en el primer trimestre del año entrante.

De acuerdo con la reforma al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la revocación de mandato del Presidente de la República será convocada y organizada por el Instituto Nacional Electoral a petición de al menos el 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal –alrededor de 2 millones 806 mil electores–, siempre y cuando, la solicitud la presenten residentes de 17 entidades federativas, como mínimo. A los 30 días, el INE verificará las firmas y emitirá la convocatoria respectiva, que deberá ser validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para que la revocación de mandato sea válida debe participar el 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal, porcentaje que equivaldría aproximadamente a 37 millones de electores 411 mil electores.

En caso de que el titular del Ejecutivo sea removido, quien presida el Congreso de la Unión asumirá interinamente el mandato y el Poder Legislativo tendrá 30 días para nombrar al Presidente de la República sustituto que concluya el mandato hasta 2024.

(De la columna "Al pie de la letra")