Es una frase recurrente en la política mexicana: “Los carniceros de hoy serán las reses de mañana”.

Los delitos que el Código Nacional de Procedimientos Penales considera, en su artículo 167, como aquellos que “ameritan prisión preventiva oficiosa” son los de homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de menores, tráfico de menores, delitos contra la salud, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito y robo al transporte de carga.

De todos ellos, acaso el único que le pudieron haber intentado atribuir a Rogelio Franco Castán –en el afán de mantenerlo en la cárcel- es el de “ejercicio abusivo de funciones”, pero dicho precepto jurídico establece que comete ese delito:

I.- El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Y II.- El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción.

No es el caso del exsecretario de Gobierno, a quien –estando recluido por el presunto delito de “ultrajes a la autoridad”- se le giró una orden de aprehensión, ahora por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, abuso de autoridad y delitos contra la procuración y administración de justicia, ninguno de ellos calificado como “grave” o incluido en la relación de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Así pues, aunque el juzgador considerara sólidos los argumentos de la fiscalía y decidiera vincular a proceso a Rogelio Franco, éste estaría en su derecho de seguir su defensa desde la libertad y, por lo tanto, estaría en condiciones de asumir el cargo de diputado federal el própximo primero de septiembre.

Claro que la Fiscalía podría solicitar la medida preventiva de prisión “justificada”, esto es, cuando se demuestra que existe el riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, esto es, que se dé a la fuga; o que esté en posibilidades de obstaculizar la investigación, o represente una amenaza para la víctima o testigos.

Todo esto, por supuesto tendría que ser bien sustentado por la Fiscalía.

Por otra parte, el exabrupto de Miguel Ángel Yunes Linares -al expresar en sus cuentas de redes sociales que el actual gobierno estatal promueve acciones penales contra funcionarios de su administración y argumenta que la acusación que pesa sobre ellos es que hayan participado “en la recuperación de recursos económicos y bienes que fueron entregados por colaboradores y cómplices de Javier Duarte para ser incorporados al patrimonio de Veracruz, de donde habían salido”- no es más que la confirmación de que el exgobernador ya percibió que el incendio de la casa vecina podría alcanzar la propia.

“Es una injusticia y también un clara manifestación de complicidad con quienes saquearon a Veracruz y lo llevaron a la mayor crisis de su historia”, afirma Yunes Lnares sobre la permanencia en prisión de Rogelio Franco y Bernardo Segura. “Son presos políticos, no delincuentes. La historia pondrá a cada quien en su lugar”.

Una cosa no justifica la otra, pero no está de más recordar –y en este espacio se consignó de manera puntual- que justo ese era el método de Miguel Ángel Yunes para mantener a sus enemigos en la cárcel, todos ellos ya en libertad, no producto de alguna componenda, sino porque los procesos en su contra eran claramente irregulares.

Y eso de la “recuperación de bienes” ya ha quedado demostrado que fueron vulgares actos de extorsión, con amenazas en contra de la integridad de las familias de los procesados, hechos en los que le podría resultar responsabilidad al exgobernador, por autoría intelectual.

Tan mal actuó el gobierno de Yunes Linares contra sus enemigos, como lo está haciendo el de Cuitláhuac García, quien incluso antes del inicio de su mandato aclaró que él no metería a nadie a la cárcel:

“Los jueces serán quienes sigan los procesos de los exfuncionarios de Duarte o cualquier otro. No está entre mis funciones meter a nadie a la cárcel, no está en las facultades del Ejecutivo, no llego con ese ánimo ni voy a mentirle a la gente”, afirmó en julio de 2018, ya como gobernador electo.

¿Qué papel jugará en todo este circo el Poder Judicial de la Federación?

filivargas@gmail.com

(De la columna "Punto de vista")