Lo dicho este jueves por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en su conferencia de prensa, es de lo más revelador que se le ha escuchado. No gusta a algunos, pero es esclarecedor pues cuando menos de palabra, se asegura que en Veracruz no hay perseguidos políticos sino la aplicación de la ley. Hoy que sobre todo los panistas afines a Yunes Linares lloran argumentando una cacería de brujas, se les viene encima un pasado reciente de persecución y afrentas personales que ellos sí tuvieron y no son pocos los políticos duartistas que lo pueden corroborar. 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, salió al paso de los comentarios políticos surgidos a raíz de una segunda orden de aprehensión que se le dictó a Rogelio ‘N’, ex presidente del PRD de Veracruz, ex diputado local y ex secretario de gobierno con Miguel Ángel Yunes Linares, y que le impidió gozar de los beneficios de libertad que le había otorgado un juez mediante un amparo. 

Por lealtad y cariño a los veracruzanos publico este video para que recuerden lo que recuperé antes y durante mi periodo como Gobernador y que hoy forma parte del patrimonio de los veracruzanos; si ?@CuitlahuacGJ? se lo quiere devolver a los ladrones es tema de él, no mío. pic.twitter.com/eaMbrfvlB9

— Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) August 12, 2021

El gobernador aclaró que la carpeta por extorsión y abuso de autoridad en contra de Rogelio ‘N’ no se hizo al vapor ni la inició la actual Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, sino que la inició el ex fiscal Jorge Winckler Ortiz. 

En Veracruz, dijo el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, que todo se hace con apego a la ley y se procede sin miramientos, sin tratamientos diferentes por ser políticos aunque sean de renombre; aseguró que no hay influyentismo ni se obedece a las recomendaciones políticas que hagan otros dirigentes, líderes partidistas o incluso del Ejecutivo. 

Con relación a que la denuncia que retuvo en la cárcel a Rogelio ‘N’ fue interpuesta por Arturo Bermúdez Zurita, extitular de Seguridad Pública en el Gobierno de Javier Duarte, el gobernador aclaró que aquí en Veracruz se actúa con apego al derecho de acuerdo a las denuncias interpuestas y se debe actuar con la presunción de inocencia, por lo que será un juez el que tome la decisión. “Ante la justicia todos somos iguales y así se tendrá que proceder. La Fiscal Verónica Hernández Giadáns me ha dicho que así se está procediendo y que seguirá cuidando los derechos tanto de presuntos responsables como también de las víctimas”, afirmó el Gobernador. 

Además -sentenció el gobernador de Veracruz-, Bermúdez Zurita debería estar preso, tiene carpetas abiertas, por lo que debería estar detenido y llevar su proceso penal en prisión como presunto responsable de algunos delitos, pero está libre debido a un pacto con la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler. Aseguró que hay denuncias penales en su contra pero no se han podido ejecutar porque Yunes Linares lo dejó blindado con una medida cautelar y exhibió un audio en el que Rodolfo Reus, abogado de Bermúdez Zurita, ‘pacta’ con el ex Fiscal Anticorrupción yunista Marcos Even Torres. 

Por último, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se refirió también a los supuestos bienes recuperados por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con los cuales, aseguró, “les perdonaron todo, fue una simulación y una farsa” y puso como ejemplo esa casa que hicieron pública que supuestamente era de Javier Duarte en Tlacotalpan y que resultó ser de la esposa de Arturo Bermúdez Zurita y también “resultó falso, no se tenía nada, o sea nada más le prestaron la llave por el acuerdo que tuvieron. No la recuperaron en ningún litigio sino que la expropiaron”, es decir, una venta forzada del dueño al gobierno a través de un pago negociado y ni siquiera fueron para pagarle. O sea la expropiaron, dejaron el pleito ante un juez y la lucieron como si estuviera recuperada. “Fue este gobierno el que tuvo que, con abogados, defender esa propiedad ya que estaba expropiada, que se convenciera a la dueña de que tenía que desistirse y se acordó que por la expropiación que el Estado estaba obligado a pagarle pero no lo que demandaba, que tenía que ser menos, se le convenció y así la propiedad quedó en poder del Estado. ¿Quién tuvo que pagar? Pues este gobierno”.