De acuerdo al informe de la Cuenta Pública 2019, aprobada este jueves ante el Congreso del Estado de Veracruz, los que al parecer se fueron hasta las manitas son los alcaldes veracruzanos que presuntamente desviaron o no pudieron comprobar fehacientemente el uso de más de 2 mil millones de pesos. 

Por fin se aprobó el informe de la Cuenta Pública 2019 del Estado de Veracruz en la que se detectó un presunto daño patrimonial por más de 2 mil millones de pesos en 210 municipios. 

Por su parte, en 12 dependencias del Poder Ejecutivo auditadas solo habría habido inconsistencias administrativas. 

En cambio, en donde sí hubo inconvenientes fue en la SIOP (con irregularidades por 13 millones 443 mil 654.89 pesos); SEDESOL (2 millones 238 mil 141.11 pesos); y la 

Coordinación General de Comunicación Social (949 mil 058.78 pesos). 

En materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, a la SEFIPLAN se le detectó un presunto daño patrimonial por 191 millones 995 mil 930.69 pesos. 

Además, a 35 organismos públicos descentralizados y 3 fideicomisos se les detectó un presunto daño patrimonial cercano a los 263 millones de pesos. 

En el caso del Poder Judicial, el informe del ORFIS arroja un presunto daño patrimonial de 4.5 millones de pesos, además de otros 85.5 millones de pesos en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera. 

Entre los órganos autónomos en falta están: 

La Universidad Veracruzana con 1.7 millones de pesos de presunto daño patrimonial. 

La Fiscalía General del Estado de Veracruz que registra un presunto daño por 1.6 millones de pesos. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) con un presunto daño por 117 mil 656 pesos. 

Presuntos daños patrimoniales en los Municipios de Veracruz 2019

En 210 municipios se advierten observaciones por un total de 2 mil 066 millones 614 mil 392.09 pesos, que adquieren el carácter de irregularidades en la actuación de los servidores o exservidores públicos que pudieran ser representativas de un probable daño a la hacienda municipal. 

Solo en los municipios de Colipa y Magdalena y el Congreso del Estado de Veracruz, no se detectaron presuntos daños patrimoniales. 

Lo que sigue una vez aprobado el Informe por el Pleno del Congreso de Veracruz es que los presuntos funcionarios que hayan sido señalados por presunto daño patrimonial se presenten ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ÓRFIS para que en su derecho de audiencia puedan argumentar lo que a su derecho convenga, así como llevar a cabo las diligencias correspondientes de conformidad al Capítulo III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.