El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó ayer en conferencia de prensa tener “indicios” de que un juez federal recibió un soborno de tres millones de pesos para exonerar a una persona a quien se acusaba de ser el asesino del diputado local Juan Carlos Molina Palacios.

“Lo que sí voy a decir aquí es que he solicitado (que) se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos a un juez en este caso. Tengo indicios que sí sucedió”.

La acusación es seria y, que recuerde, nunca antes un gobernador de Veracruz había hecho un señalamiento con tanta seguridad y contundencia, lo que me haría creer que, en efecto, tiene “indicios”.

Pensaría que su interés en el caso es por acabar con la impunidad en su gobierno, como pregona (la víctima era del PRI), pero cabe pensar que también lo hace por rescatar la credibilidad de la Fiscalía General del Estado, presuntamente autónoma, pero que está al servicio de su gobierno.

Y es que un juez federal (no sé cuál de los dos de Xalapa, si Marín Acevedo Peña o Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez) desechó la prueba que presentó la Fiscalía, determinando que fue fabricada por policías ministeriales, quienes manipularon un indicio y que un juez local avaló de manera inexplicable.

El reportero Miguel Ángel León Carmona publicó detalles el miércoles. Dijo que consultó la sentencia del juicio de amparo 474/2020, que promovió el acusado, Itiel “N”, “Compa Playa”, en la que se consigna por qué el juez decidió reponer el proceso judicial y desestimar el señalamiento de la Fiscalía, que perdió, como señala el periodista, uno de los casos más relevantes en temas de seguridad del actual gobierno (e-consulta.com Veracruz).

Lo que extraña es que el gobernador, con los indicios que dice tener, no haya presentado una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal para que el fiscal federal con sede en Xalapa investigue a los jueces, quienes, por otra parte, tienen autonomía para dictar sus resoluciones.

En cambio, en su declaración de ayer dijo que ya pidió a la fiscalía del estado (“autónoma”) indagar el presunto soborno, y que haría lo mismo ante la fiscalía anticorrupción (“autónoma”), ante las que, se supone, va a presentar los indicios que afirma que tiene.

Aparte de la credibilidad de la Fiscalía, con su declaración el gobernador pone también en entredicho la suya si no se confirma lo que aseguró ayer.

En febrero pasado, sin esperar el resultado de una investigación de su fiscalía, a horas de que fueran asesinadas Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez, en Cosoleacaque, a botepronto salió a señalar como responsables a “cacicazgos políticos” de esa ciudad del sur del estado.

Sin embargo, los columnistas Jorge Fernández Menéndez (Excelsior) y Salvador García Soto (El Universal) publicaron de inmediato, coincidiendo en su información, que el móvil había sido el robo de un millón de pesos y que el crimen lo habían cometido personas que cuidaban su seguridad, citando nombres y apellidos de los involucrados, versión que se confirmó al grado que apenas el martes pasado dos de ellos fueron detenidos en Tabasco.

Pero la acusación del gobernador, en el caso del presunto soborno, es un señalamiento que no debe dejarse pasar por alto, porque si resulta cierto el juez involucrado no debe ni puede seguir en el servicio público y debe ser sancionado, aunque si no, me atrevo a pensar que deberá ofrecerle disculpas, como lo hizo recientemente el secretario de Marina luego de que hizo también señalamientos contra la judicatura federal y al final con su rectificación se comportó como un verdadero hombre de honor.

El asunto se cerraría completo si, de comprobarse la determinación del juez federal, ordena investigar a la Fiscalía General del Estado por la fabricación de pruebas y, con ello, de culpables, para justificar su incapacidad para resolver asuntos delicados. 

(De la columna "Prosa aprisa")