La remoción (a todas luces violatoria de la Ley) de la entonces magistrada Sofía Martínez Huerta, de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia; la sustitución, “por motivos de edad” (a pesar de que significaba aplicar una ley con efecto retroactivo, lo que violenta la Carta Magna) de varios magistrados que llegaron a los 70 años de edad; la desaparición de no menos de 500 millones de pesos del presupuesto, que ahora les hacen falta para concluir el año, y los comprobados casos de nepotismo (al estilo Cuitláhuac García ) de la actual titular del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, crean una fórmula que muy pronto provocará una estruendosa explosión política en el organismo encargado de la impartición de justicia en Veracruz.

El más reciente acto autoritario –y, por lo tanto, ilegal- de la encargada del despacho de la Presidencia del Tribunal, fue el desplazamiento de la magistrada Concepción Flores Saviaga, de su posición en la Octava Sala en Materia Familiar, y su adscripción como “visitadora”.

La propia Flores Saviaga señaló a la presidenta del Poder Judicial y a quienes conforman el Pleno, de haber pasado por alto lo que dispone el juicio de amparo 1577/2010 del juzgado primero de Distrito, en el que se señala su inamovilidad como magistrada.

Flores Saviaga dejó claro que por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y como cumplimiento del amparo 1336/2016, fue adscrita como presidenta de la Octava Sala en Materia Familiar, cargo de donde ahora la removieron.

Concepción Flores advirtió que lleva 24 años como magistrada y que no es la primera vez que recurre al amparo de la justicia federal para protegerse de algún abuso, y que fue precisamente mediante ese recurso que terminó como

integrante de la Octava Sala.

“El 10 de diciembre del 2019, que llegó la magistrada Sofía Martínez, no tuvo otra opción que ejecutar mi amparo y fue cuando me adscribieron a la Octava Sala”, narró y explicó que en su resolución el juez de distrito resolvió que fue violentado su Derecho de Género.

La magistrada anunció que recurrirá, de ser necesario, a tribunales internacionales para hacer valer su derecho, pero aclara que antes de que se concretara el cambio de adscripción, le planteó a la Presidenta del Tribunal que reconsiderara la decisión y le dio a conocer sus argumentos.

Este martes personal del Poder Judicial acudió a las oficinas que ocupaba en la Octava sala, para conminarla a desalojarla, lo que acató “para no incurrir en ilegalidades”.

La lista de agravios a la Ley se acumula, en un organismo que debería ser ejemplo de apego a la justicia.

Esto, por supuesto, tendrá consecuencias.

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