En una polémica que no debería ser, el país se ha dividido en cuanto a lo ‘exagerado’ ‘despropósito’ y algo ‘inconcebible’ o ‘desmesurado’ de los delitos que se le imputan a 31 investigadores a los que se les transfirió ilegalmente dinero público vía el Conacyt.

Con el fin de analizar el caso en su pura esencia de los presuntos delitos que se hay cometido, se presentan aquí solo los datos duros y fríos del caso:

1.- La información oficial de la denunciante Fiscalía General de la República (FGR) indica que el desvío de recursos públicos asciende a más de 471 millones de pesos.

2.- La FGR señala que los 31 investigadores acusados usaron el dinero destinado a ciencia para sueldos y gastos personales.

3.- Los recursos públicos federales fueron ejercidos directamente desde el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC constituido en el año 2002 y se les acusa de presuntos delitos de peculado, ejercicio ilícito de atribuciones, operaciones de procedencia ilícita y otros que se configuran como delincuencia organizada, ya que a decir de la FGR el objetivo de las operaciones fue la de presumiblemente lavar dinero.

4.- La FGR ha documentado que los recursos públicos se empezaron a mal utilizar desde el año de su creación en el 2002, para la adquisición de una casa residencial, viajes internacionales y nacionales, sueldos, impuestos, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS), aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); banquetes, gasolina para autos particulares, servicio de telefonía móvil, servicios de tintorería, seguros, fianzas; gastos ajenos a los previstos en las Reglas de Operación del Conacyt (FOINS) y en los Lineamientos del Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.

5.- El problema de fondo proviene desde que los recursos públicos federales no se aplicaron directamente desde la administración del Conacyt, sino desde la administración del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, el cual la propia Gabriela Dutrénit, ex coordinadora del Foro lo ha definido como ‘UN ORGANISMO AUTÓNOMO que buscaba dar voz a las comunidades científicas y al sector empresarial, es decir, un organismo fuera de la estructura orgánica de Conacyt’.

En esa tesitura, la FGR define al Foro como una empresa privada no facultada para ejercer recursos públicos que debía haber ejercido un órgano interno del Conacyt para cumplir con los fines de asesoría, consultoría y opinión para lo que fueron autorizados los recursos públicos.

6.- Alfredo Higuera Bernal, fiscal especializado en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), el Foro Consultivo ejerció ilegalmente entre el 2011 y 2018 –sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, más de 280 millones de pesos en beneficio de los 31 académicos, científicos y exfuncionarios acusados ya que las propias autoridades del Conacyt le han dado al Foro la connotación de un organismo privado a través de la figura de asociación civil.

Esos son los datos fríos del  escándalo nacional que se vive en el país. Lo demás de que si son exagerados los cargos es un tema procesal del esquema de justicia.

¿A poco porque son investigadores, científicos y funcionarios de gran nivel no pudieron haber cometido los delitos de lo que se les acusa? ¿O porque son investigadores y científicos no se les debe investigar?

En cualquier caso, la autoridad expone cargos y presupone delitos, pero corresponderá a jueces competentes determinar si hay o no razón. Es decir, si la FGR acredita con pruebas sus acusaciones.