Vaya brete en el que se metieron los “asesores” de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, para elaborar su informe anual de labores.

- ¿Pero qué voy a decir, si no se ha hecho nada?

- Usted no se preocupe, presidenta; ya le preparamos varias páginas de conceptos románticos de la justicia, una lista de buenos deseos y metas intangibles. Usted tendrá mucho que hablar, aunque no diga nada.

- ¿De verdad se puede hacer eso?

- ¡Claro! ¿Qué no escuchó el informe que dio el gobernador?

En ese tono debe haber sido la charla de la titular del Poder Judicial del Estado con sus “colaboradores”.

Fue tal la verborrea que los que se vieron seriamente conflictuados fueron los del área de Comunicación Social, al momento de elaborar el boletín.

En los primeros cuatro párrafos hablaron del sitio donde se realizó el evento y de las personalidades presentes, explicaron de qué se trata “el informe” y se refirieron a los dos compromisos de la titular.

¿En serio combatir la impunidad y la corrupción?

Dedicó la magistrada presidenta una buena parte de su rollo (perdón, de su “informe”) a resaltar las bondades de su “plan de austeridad” producto –dijo- “de la iniciativa interna” que llevó a una reducción de las compensaciones a partir de agosto.

Presumió que gracias a ese fabuloso plan de austeridad “se logró el ahorro de papel y consumibles” aunque, claro, tuvo que admitir que dicho plan no alcanzó para salvar los juzgados micro-regionales y otros más “pues se tenía que pagar salarios y servicios que no eran redituables en economía”.

Y a pesar del recorte en las compensaciones, del ahorro en papel y consumibles y de la desaparición de juzgados (a cuyos titulares, por cierto, no se les ha pagado su liquidación) tuvo que ir a llorarle al gobernador para que le ampliara el presupuesto en 500 millones de pesos.

“Tengo 200. Si te sirven, habla con Lima, pero me debes demostrar con hechos que sí les están quitando sus privilegios a los magistrados fifís”, le habría respondido el gobernador.

Todo lo demás en su informe fue paja aderezada con una buena dosis de mentiras.

Más interesante hubiera sido que les platicara a los presentes lo que hará a partir del próximo año, una vez que cumpla los 70 años de edad y, por mandato de ley, tenga que retirarse de sus funciones como magistrada.

¿Que pueden otorgarle una prórroga para que concluya el período para el que fue electa presidenta?

Claro, pero qué mal se vería la servidora pública, cuando ella se atrevió a poner en la calle los artículos personales de otra magistrada justo el día que cumplió sus siete décadas. Que ella pretenda brincarse ese mandato jurídico sólo porque es “la presidenta”, hablaría muy mal de su honestidad y su congruencia.

Justo este miércoles lo dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar: “Cuando se tienen vocación de servicio y voluntad política, un presupuesto menor para las instituciones no debe ser excusa para no cumplir con el trabajo”.

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