Mucho se ha hablado de la infiltración del crimen organizado en las dependencias del gobierno. Ha sido tema de películas y de pláticas en los cafés, sin embargo probarlo ha sido imposible debido a que las áreas de análisis científico en la procuración de la justicia siguen en pañales desde hace muchos, pero muchos años. 

Incluso, cuando se ha hablado de infiltrados en áreas sensibles de la fiscalización y los cuerpos policiales no ha sido fácil que se les lleve a juicio debido a lo complejo de integrar carpetas de investigación de este tipo y, lo más difícil, aportar pruebas para ser inculpados por deslealtad a las instituciones. 

En ese tenor radica la importancia de la detención de Adriana ‘N’, funcionaria de la Fiscalía que intentó impedir la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada, cuando elementos de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General realizaban la detención dando cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Jorge Fabián “N”, por su presunta responsabilidad en un delito de secuestro agravado. 

Y es que el tema ha servido para que muchos presuman la existencia de una posible liga con el alcalde electo detenido, y para otros muchos el caso huele a presunta infiltración en la Fiscalía. 

Adriana ‘N’ es la titular de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, un área de lo más sensible en la dependencia. 

Los jaloneos, arañazos y palabras altisonantes que usó Adriana ‘N’, para tratar de impedir la detención del alcalde electo (con quien se encontraba al momento practicar la diligencia) configuraron en principio el presunto delito de ‘ultrajes a la autoridad’, por lo que también fue detenida. 

Por esa razón los elementos agraviados la Unidad Antisecuestro tuvieron que detener también a la funcionaria de la Fiscalía Adriana ‘N’ y ponerla a disposición de la autoridad competente. 

Sin embargo, ahora viene la parte más difícil en estos casos, que es probar su relación y complicidad con el alcalde electo. Las autoridades cuentan con 48 horas para que el Fiscal le impute el delito de ultrajes a la autoridad y se legalice la detención y la imputación. 

Mientras tanto, el tema está en el limbo. 

Sin embargo, el caso es hoy la papa más caliente que ha pasado por las manos de la actual Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, pues una cosa es aportar pruebas del presunto delito de ultrajes a la autoridad y otra muy diferente es hacerlo para probarle su relación con el crimen organizado y su calidad de infiltrada. 

Así que en menos de 48 horas habrá que definirse este caso, que en verdad vino a calentar las grillas políticas en torno a otros casos similares que le han costado la libertad a personajes ligados con la política local. 

Lo cierto es que, véase como se vea, este caso da pie a pensar que en Veracruz efectivamente se está ejerciendo justicia sin distingo de colores y que el delito de ultrajes a la autoridad no solo se está tomando como un arma contra políticos contrarios.