El periodista caricaturista Marcos Cruz Morales, ‘Tlacuilo’ publica hoy en su conocida y leída revista especializada en política & Humorismo, la siguiente información que revela la forma en cómo la actual regidora del municipio de Xalapa y líder local del grupo político Antorcha Campesina ha sido beneficiada por gobiernos anteriores de una manera cuestionable:  

El Tlacuilo escribe y publica que:

En tiempos recientes el Gobierno estatal ha reforzado su respaldo al deporte, nada menos el día de hoy se llevó a cabo un protocolo importante para la entrega de los diplomas a los ganadores del torneo de beisbol “Copa Veracruz”; por su parte el Ayuntamiento de Xalapa también ha puesto énfasis en impulsar el deporte en la capital del estado, bajo la convicción de que el deporte genera una mejor sociedad.

Pero mientras los Gobiernos impulsan el deporte, la lideresa de Antorcha Campesina mantiene secuestradas instalaciones deportivas que, gobiernos anteriores le regalaron a cambio del silencio de sus agremiados.

Es más, en manos de la actual regidora de Xalapa, Minerva Salcedo Baca, está un impresionante auditorio que bien podría ser utilizado para premiaciones de los diversos eventos deportivos, pero que actualmente es subutilizado por esa organización política; son propiedades que no benefician en nada a la comunidad, más bien representan una suma de bienes al impresionante capital económico y de inmuebles que ha logrado acumular el peculiar matrimonio Antorcho a costillas de sus agremiados, ablandando con violentas manifestaciones a los de carácter débil, logrando hasta diputaciones desde donde han sabido negociar su voto.

Ahora se refugiaron en Palacio Municipal y se sienten resguardados por la regiduría nueve; pero que no se confíen porque a Tula Guerrero no le sirvió de nada en la pasada administración.

Sería bueno que se revisara bajo qué esquemas legaloides se le entregaron a Antorcha Campesina bienes millonarios que eran de todos los xalapeños, sería adecuado recuperarlos porque ese tipo de acciones son las que marcaron a quienes se las dieron, acarreándoles el repudio popular; tan solo la construcción del auditorio costó 70 millones de pesos, dinero público.

Ojalá que ya no se permita que un cargo de representación popular, como en este caso sería una regiduría, sea el salvoconducto para seguir burlando la justicia; para eso y mucho más la federación creo el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” ¡Hay tarea!

Colaboración de Marcos Cruz Morales: El Tlacuilo