La esperada decisión de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó… y luego de escuchar el proyecto propuesto por el Magistrado ponente los Magistrados no alcanzaron los ocho votos que eran necesarios para que la Ley de la Industria Eléctrica fuera declarada inconstitucional como lo demandaron los partidos de oposición en el Senado de la República. 

Como se recordará solo se requerían los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, así que esos votos a favor llegaron de parte del Ministro presidente Arturo Zaldívar, y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Loretta Ortiz y Yasmin Esquivel. 

De esta manera, el Pleno del Máximo Tribunal del país dio luz verde para que continúe en pie esta ley, que otorga prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo de Manuel Barttlet Díaz, por encima de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. 

Lo anterior podría prender la mecha en el Congreso de la Unión para que diputados y senadores de la oposición formen su criterio al momento en que se tenga que discutir en los plenos la reforma Constitucional que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Así, aunque los dirigentes nacionales de los partidos políticos de oposición han fijado su postura de no aprobar la reforma constitucional, lo que hoy sucedió en la Suprema Corte podría justificar políticamente que diputados y senadores del PRI o del PAN lo hagan en contrario de acuerdo a lo que los deseos de sus partidos. 

De todas formas, hoy la oposición se encuentra contra la pared, ya que de impedir la reforma Constitucional, de aquí hasta el 2024 y sobre todo en los próximos procesos electorales que están por realizarse en 6 estados del país tendrían que cargar con los señalamientos de AMLO y de MORENA de traidores a la patria. 

La discusión continúa sobre otros aspectos de la ley, pero el resultado de esta primera votación permite vislumbrar una victoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca limitar la participación privada en la generación eléctrica.