La diputada Tania María Cruz Mejía y el diputado Ramón Díaz Ávila presentaron al Pleno del Congreso del Estado la iniciativa que busca reformar el Código Penal estatal para establecer la imposición de uno a tres años de prisión, hasta cien días de trabajo en favor de la comunidad y 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien imparta u obligue a otra persona a recibir una terapia de conversión o de esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género.

De acuerdo con la propuesta legislativa se entiende por terapias de conversión o de esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género.

Así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana.

Si la terapia de conversión se hiciere en un menor de 18 años, o persona que padezca alguna discapacidad, o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o persona que no tenga capacidad de resistir la conducta, se aplicará la pena máxima y se perseguirá de oficio.

Al participar en tribuna, la diputada Tania María Cruz Mejía subrayó que la iniciativa adicionaría una fracción VI y un penultimo párrafo al artículo 196 del Código Penal del Estado para penalizar las terapias de conversión en Veracruz, que conlleva la prohibición de estas prácticas que atentan y vulneran los derechos de las personas que son sometidas a estos actos.

Posteriormente, recordó que fue en 1991 cuando surge por primera vez la Terapia reparativa, misma que se planteó como un modelo terapeutico que permitiera cambiar de la homosexualidad a la heterosexualidad. “En 2012, la Organización Mundial de la Salud estableció que las Terapias de Conversión donde se busca corregir la orientación sexual de una persona carece de justificación médica y representa una amenaza a la salud mental”, agregó.

Dijo que a pesar de la citada prohibición y recomendación que han hecho organismos internacionales de salud, en México siguen ocurriendo estas prácticas y se llevan a cabo a falta de un ordenamiento jurídico. “En la actualidad solamente ocho estados han legislado en la materia para su prohibición y son: Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán, Baja California Sur y Jalisco que el pasado 7 de abril del año en curso, aprobó su prohibición”, destacó.

Asimismo, indicó que aun cuando no hay cifras oficiales sobre el número de personas que son sometidas a las terapias de conversión o Ecosig (Esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género) en Veracruz, si hay conocimiento que siguen vigentes y la evidencia indica que todas las personas que las han padecido sufren graves secuelas físicas o emocionales.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.