Como ya se esperaba, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA-SEMARNAT) ha clausurado en Xalapa, capital del estado de Veracruz, las obras de despalme de terreno en donde se proyectó construir el Centro Plaza Imperial Las Ánimas. 

El proyecto, se sabe, es propiedad del empresario xalapapeño Manuel Fernández Ávila, perteneciente a una de las familias más poderosas de la capital veracruzana y por lo mismo se espera un tremendo agarrón en los tribunales. 

El tema subirá los termómetros politicos estatales y nacionales por encima de los 50 grados centígrados, puesto que se ha comentado esta mañana en los cafés de la capital, detrás de la clausura pudieran estar intereses políticos. 

Hace unos días apenas, en cuanto algunos ambientalistas dieron a conocer el despalme del terrero y acusaron que se estaba poniendo en peligro la fauna que se guarecía en el sitio, el Ayuntamiento de Xalapa en voz del presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, David Florescano Pérez, declaró que el Proyecto para la Construcción del Centro Plaza Imperial Las Ánimas contaba con todos los permisos, pero las autoridades de la PROFEPA no lo consideraron así y sin decir agua va, fueron y lo clausuraron. 

Lo cierto es que la clausura fue realizada conforme al artículo 170 de la LEGEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente), en el que se establece que esa medida se deberá toma cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública.  

Así que el tema no será fácil, sobre todo para la autoridad ambiental, pues el terreno donde se proyecta el Centro Comercial se localiza en un área urbana y la escasa flora que ahí existía ya fue retirada con maquinaria. Además, terrenos como ese, con igual flora, aunque no tan grandes, existen en cientos de espacios aún no construidos en la zona y así era toda la zona. Además, no se sabe que en el área hayan existido especies de fauna en peligro de extinción. 

Así que la autoridad en este caso, sí que tiene un gran paquete para fundamentar legalmente su medida. 

Pero veremos. Al tiempo.