La diputada Verónica Pulido Herrera presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para que el Congreso local emita un exhorto al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de que asegure una adecuada protección a los derechos de este sector social contra cualquier forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental.

Asimismo, hizo un llamado a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a supervisar, auxiliar y capacitar permanentemente al personal de las procuradurías municipales en el ramo, a fin de garantizar dicha protección, así como a la Secretaría Ejecutiva Estatal a proporcionar capacitación sistémica y continua a las secretarías ejecutivas de los sistemas municipales de protección integral para fortalecer el ejercicio de sus funciones.

En el uso de la palabra, la legisladora señaló que, de acuerdo con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, cada municipio cuenta con una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual debe solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando existan acciones o circunstancias que pongan en riesgo la vida, integridad o libertad de los menores.

Sin embargo, agregó que hechos como el ocurrido el pasado 4 de julio, cuando un menor fue privado de la vida, “han dejado en evidencia las grandes deficiencias que existen al interior de los DIF municipales, para atender a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y en situación de vulnerabilidad”, toda vez que ya se había detectado que el menor sufría violencia en su entorno familiar, añadió.

En este sentido, cuestionó la ineficiente aplicación de los procedimientos del Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condiciones de Vulnerabilidad, por parte de las autoridades municipales, ya que “no se tiene certeza de que el DIF Municipal haya cumplido con el mismo”.

Determinar la responsabilidad del personal de la institución, señaló, corresponderá a las autoridades de procuración y administración de justicia. “Como Congreso, nos corresponde exhortar a las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos y más, tratándose de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, indicó.

“Desde la sociedad civil se ha señalado que la omisión de las autoridades en este y muchos otros casos de violencia hacia la niñez y las mujeres es una constante. No hubo una clara valoración del riesgo en que el menor se encontraba y esto debe servir como llamado de atención para todas las procuradurías y los DIF municipales”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado para que las autoridades estales en la materia realicen las acciones conducentes para dar seguimiento a las políticas públicas establecidas, además de capacitar a sus homólogos municipales para que en los procedimientos de restitución de los derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes se apeguen a la Ley, normatividad y protocolos aplicables en materia de derecho y eviten poner en peligro la vida de las personas menores de edad.

Al anteproyecto, turnado a la Junta de Coordinación Política, se adhirieron: el Grupo Legislativo de Morena, en voz del diputado Juan Javier Gómez Cazarín; las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Anilú Ingram Vallines, Maribel Ramírez Topete y Citlali Medellín Careaga, así como el legislador Juan Enrique Santos Mendoza.