Ya se ha mencionado aquí que la actual titular del ORFIS, Delia González Cobos, no es como anteriores auditores en jefe como Mauricio Audirac Murillo y Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, de cuyas ciegas gestiones es mejor ni acordarse. 

Y es que en una declaración sorpresiva, Delia González Cobos reconoció que el tráfico de influencias era una práctica común previo a su gestión, por lo que se puso mayor atención en que esta situación no se repitiera en su administración.  

Este tema del tráfico de influencias también fue abordado por diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, quien alertó a los alcaldes y funcionarios públicos que de parte de los diputados no habría protección para nadie, o mejor dicho que no se lavaría la Cuenta Pública a cambio de dinero. 

Lo principal es que por voz de la propia Auditora General, Delia González Cobos, se acepte que el problema es real y que existe. Pero para los veracruzanos la mejor noticia es que ya se actúa en consecuencia. Que esos funcionarios, alcaldes y auditores que no están respetando la ley y se benefician por debajo del agua con las lagunas de la ley y la filtración de datos oficiales sean llevados a juicio y que sean encarcelados. 

Lo anterior viene de la información dada a conocer por Delia González Cobos de que separó de sus cargos a dos auditores a quienes se les comprobó que entregaban información confidencial a ex alcaldes y se confirmó que varios exfuncionarios municipales falsificaron documentos de la Comisión de Agua del Estado (CAEV) a fin de justificar obras que no cumplían con los requisitos técnicos y legales. 

Pero lo mejor es que Delia Cobos informó que se presentaron las denuncias correspondientes ante la fiscalía general del Estado. 

Así que por lo que se ve, las declaraciones del diputado Juan Javier Gómez Cazarín y la decidida resolución de Delia González Cobos, calarán fuerte en este ramo del combate a la corrupción y la fiscalización de los recursos públicos. 

Que vengan más.