Algo que por falta de voluntad política se había convertido en un cofre con mil cerraduras, era el análisis de la evolución de los patrimonios de los servidores públicos… pues no se sabía cuánto y qué tipo de patrimonio tenían al inicio de sus gestiones y con qué, cuánto y de qué estuvo conformado su patrimonio al dejar los cargos.  

Por años, este ejercicio exigido por los gobernados ha sido una vil vacilada en la que, entre otras cosas, se permite que el funcionario clasifique su información como no disponible para hacerse público. 

Es por ello que llama -y mucho- la atención que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya ordenado -a través de reformas al Reglamento Interior de la Contraloría- a la titular Mercedes Santoyo que se investigue la evolución patrimonial de los funcionarios públicos. 

En decir, ahora la Contraloría no tendrá excusas para proteger a ningún funcionario cuyos patrimonios sean puestos en duda por los veracruzanos. 

La orden de Cuitláhuac ha sido clara, precisa y por escrito: Se faculta a la Contraloría ‘No solo analizar la evolución del patrimonio público de los integrantes de su gabinete, sino también la verificación de la congruencia con sus ingresos legales’. 

Lo anterior podría ser un bombazo no solo para los funcionarios actuales sino para los exgobernadores y excontralores que durante años se burlaron de los veracruzanos, pues las declaraciones patrimoniales solo eran útiles para el archivo. 

Durante años, por disposición de los gobernadores, no hubo recursos ni voluntad política para diseñar un modelo para analizar la evolución de los patrimonios, ni se diseñaron los criterios de verificación y mucho menos hubo un registro de las sanciones administrativas aplicadas a los servidores públicos, tanto las aplicadas por la Contraloría como las de la Función Pública o cualquier otra autoridad por lo cual la famosa constancia de no inhabilitación siempre han sido una vacilada. 

Así que de ahora en adelante, si hay sospechas de enriquecimiento inexplicable de los funcionarios públicos, y la Contraloría no hace nada para cuando menos aclarar las fortunas, ya sabe usted a quién echarle la culpa de no actuar en consecuencia.