Hay veces que los funcionarios, queriendo justificar lo injustificable, caen en declaraciones poco afortunadas… por decir lo menos. 

Y es que la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, justificó que las declaraciones patrimoniales de algunos funcionarios públicos no se han hecho públicas porque estos ponen correos personales en lugar de los institucionales, entre otros datos personales, y con esto se pone en riesgo el revelar datos. 

Lo anterior luego de que en días pasados el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en un acto de transparencia, ordenara a la Contraloría el investigar además la evolución patrimonial de los funcionarios públicos y facultó a la Contraloría a verificar dicha evolución y la congruencia con sus ingresos. 

Hasta el momento la falta de voluntad política ha convertido en una vil vacilada la declaración patrimonial de los servidores públicos… y al parecer sigue existiendo esa falta de voluntad política. Ahora resulta que no se hacen públicas las declaraciones porque pusieron mal sus correos electrónicos y que les está dando “aviso a los servidores públicos para que ellos estén conscientes de que la información que dieron es la que va a salir pública”. 

Tal vez alguien podría recordarle a la Contralora que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Veracruz, en el capítulo de las Obligaciones de Transparencia Comunes, se establece que los “sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información pública… al inicio de cada año o dentro de los siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación… en versión pública, de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses”. 

¿Y qué es la versión pública? Es el documento o expediente en el que se da acceso a la información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

Esto es, la Contralora Mercedes Santoyo no tiene por qué estar dando aviso a los funcionarios de que pusieron datos sensibles, porque para empezar está dentro de las obligaciones de los servidores públicos y para seguirle la propia contraloría debe poner a disposición la “versión pública” de la declaración patrimonial. 

Dice el viejo dicho “piensa mal y acertarás”, y la verdad no se quiere pensar que lo que se esté haciendo es dándoles el tiempo suficiente a los funcionarios para que “maquillen” sus declaraciones y que éstas no sean cuestionables por la opinión pública. Eso se podría esperar de anteriores administraciones, pero no de la actual en la que la Contraloría presume su eficacia y eficiencia. ¿O no?