AHORA que el gobierno federal está anunciando una nueva consulta popular para los primeros días del año entrante, relacionada con la permanencia del ejército en las calles hasta el dos mil veintiocho, no han faltado voces que indiquen la falta de seriedad de estas prácticas políticas, porque el pueblo tiene, para los efectos del conocimiento de estos asuntos, a sus representantes populares en el Congreso federal y local, quienes tienen la responsabilidad de velar por la buena conducción del gobierno, aprobando o negando los asuntos que les son puestos a su consideración y sobre los cuales tienen la obligación de analizarlos profundamente a fin de que estos actos se legislen con base en la ley, respetando siempre lo que diga la propia Constitución General de la República.

Por eso, preguntarle al pueblo si está de acuerdo en que el ejército y en general todas las fuerzas armadas de la nación, permanezcan más tiempo en las calles, es algo innecesario, porque esta función le corresponde a los representantes populares que fueron elegidos, precisamente, para cumplir con esta responsabilidad y sobre la cual ya emitieron su voto; de tal manera que buscar una respuesta del pueblo, mediante una consulta que no tiene seriedad porque se organiza con la finalidad de obtener un resultado a favor, es querer confrontar al propio pueblo con quienes le representan en el poder legislativo.

Esta es una más de las estrategias que el gobierno federal ha utilizado con la finalidad de buscar apoyo directo del pueblo, cuando en realidad no debiera hacerse por los gastos que representa y por la inviabilidad de las mismas, menos cuando su realización no tendría un valor vinculatorio, es decir, que no modificarían, para nada, los resultados de la decisión tomada entre los legisladores.

En estos casos, el pueblo solamente es tomado como instrumento para los fines políticos que se persiguen, porque sus opiniones, tal y como se ha informado, no tendrían vinculación alguna con el problema que se maneja, de tal manera que resulta una pérdida de tiempo, de recursos económicos y una falta absoluta de respeto a la población en general.

Si el poder legislativo, compuesto por diputados y senadores de la República, tienen en sus manos este asunto en calidad de representantes populares, entonces ¿qué caso tiene preguntar al pueblo?

(DE LA COLUMNA "LÍNEA POLÍTICA")