En medio de la polémica que se generó desde el propio Poder Judicial, respecto a los procesos de asignación de obra pública y contrato, donde se acusó que habían querido imponer a determinados contratistas, se modificó el reglamento para contar con testigos en todos sus procesos de licitación. 

Ahora, se estableció que en los procesos participará una persona física o moral acreditada por la Contraloría, que cuente con su registro en el Padrón de Testigos Sociales. 

Con esto, doña Isabel Inés Romero Cruz y la directora de Administración, Joana Bautista Flores, esperan echar abajo de una vez por todas, las acusaciones de irregularidades en los procesos de asignación de obra y proveedores. 

La función de los testigos sociales será precisamente la de atestiguar con derecho a voz, el desarrollo de los procedimientos de licitación pública, emitiendo al término de su participación un testimonio, o en su caso, formular recomendaciones o propuestas para fortalecer la legalidad, cultura de la transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad de los mismos. 

De igual forma, podrá proponer al Poder Judicial, mediante la Dirección General y la Contraloría, mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

También dar seguimiento a la implementación de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en las contrataciones; emitir, al final de su participación, el testimonio correspondiente, del cual entregará un ejemplar a la Contraloría; e informar de inmediato y por escrito a la Contraloría, respecto anomalías o errores detectados en el proceso licitatorio en el que participe, detallando las presuntas irregularidades, a efecto de que dicha instancia realice las investigaciones a que haya lugar. 

En fin, habrá que ver el resultado de estas acciones, pues en la inmensa mayoría de las dependencias gubernamentales, la Contraloría Social es solo una vacilada.